Desde el campamento del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) instalado en el Zócalo capitalino, la agrupación Familia Pasta de Conchos aseguró ayer que no va a dejar ese lugar, que se va a mantener en resistencia y que sólo si el gobierno restituye la legalidad y frena la violencia que se ha ejercido contra los mineros y los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, se moverá.

Mientras no lo hagan, este campamento es nuestra casa. Nuestra agenda se suma al SME, y nos verán juntos en la Organización Internacional del Trabajo, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Mientras tanto, en Saltillo, Coahuila, el obispo Raúl Vera López denunció que el sellamiento de la mina de carbón Pasta de Conchos implica que Grupo México borre sus crímenes, los limpie, porque lo que ahora están haciendo no sólo es sellar el yacimiento, sino limpiar toda evidencia de los restos (humanos), porque éstos hablan.

Exigió que el gobierno de Coahuila muestre el oficio donde la Secretaría de Economía le pide a la empresa sellar la mina, y el de la compañía en el que solicita el apoyo de la policía del estado para sacar de las instalaciones del yacimiento a los deudos y activistas que procuraban la recuperación de los cadáveres.

“Si el gobierno de Coahuila no muestra un documento para justificar el resguardo de la mina Pasta de Conchos por la policía estatal, es ilegal su acción.

Mientras muchas de las viudas que dejó la tragedia en la carbonera localizada en San Juan de Sabinas, Coahuila, mantienen litigios con la empresa y no han podido resolver su pensión, la compañía realiza el sellado de la bocamina, acción que es ilegal, añadió.

Irregularidades

Los deudos de los mineros muertos en Pasta de Conchos reciben una pensión de 3 mil 200 pesos al mes, apenas 100 pesos diarios para mantener a sus familias, pero al gobierno federal no le importa eso ni que los familiares hayan cumplido mil 582 días exigiendo justicia y los cuerpos de las víctimas para sepultarlos.

Tampoco le importa que en la región carbonífera, donde se siguen registrando muertes de trabajadores, haya niños laborando o subsistan los pocitos clandestinos, informó la Familia Pasta de Conchos en el campamento del Zócalo.

Para esta organización, a la demanda de justicia para los deudos de los muertos en la mina 8, unidad Pasta de Conchos, se suman varias más, ya que tienen 606 días exigiendo que se castigue a los responsables del socavón Lulú por la muerte de los trabajadores Alfredo y Rogelio, así como 576 días exigiendo que se castigue a los responsables del pocito Ferber por el fallecimiento de Ramón.

Ayer cumplieron 25 días exigiendo que se castigue a los responsable de la muerte de Jesús en el pocito Vertical 4.

Esto es, dijeron, porque subsisten en toda la región carbonifera innumerables irregularidades. No hay ninguna inspección para impedir que haya minas clandestinas; para revisar si los propietarios tienen los permisos para extraer carbón; si los trabajadores estaban registrados en el Seguro Social.

Además, agregaron, es fácilmente comprobable que hay niños menores de 16 años trabajando, e incluso que en algunas minas se esclaviza a los mineros, los cuales no tienen ni baños ni agua potable; se les niega el permiso a salir de ahí, y hasta pasan tres o cuatro días sin recibir alimentos.