La investigación por lavado de dinero, delitos contra la salud en su modalidad de fomento y delincuencia organizada al alcalde con licencia de Cancún y candidato a gobernador de la alianza Todos por Quintana Roo (PRD, PT y Convergencia), Gregorio Sánchez Martínez, se fundamenta en el hecho de que el indiciado no ha explicado de dónde obtuvo cerca de un millón de dólares, mismos que la autoridad ministerial sospecha son de procedencia ilícita, afirmó este miércoles Ricardo Nájera, vocero de la Procuraduría General de la República (PGR).

El funcionario negó en conferencia de prensa que el arresto del quintanarroense –a mes y medio de los comicios en esa entidad– tenga motivaciones políticas y dijo que hasta el momento no tiene información de que algún otro candidato esté en una situación similar.

Al político –detenido la noche del martes en el aeropuerto internacional de Cancún– se le imputan vínculos con los cárteles de los hermanos Beltrán Leyva y Los Zetas. Mientras esté vigente la orden de aprehensión y, más aún, si se le dicta en los próximos días la formal prisión, sus derechos políticos permanecerán suspendidos, pues así lo ordena el artículo 38 constitucional.

Las pesquisas se iniciaron hace cinco meses y le fueron notificadas a la dirigencia del PRD desde enero de este año, antes de que Sánchez Martínez fuera registrado como candidato a la gubernatura, lo que ocurrió durante el pasado abril, destacó Nájera. Bueno, no sé exactamente a quién se le notificó, pero sí fue notificado el Partido de la Revolución Democrática de estos hechos desde enero, dijo.

Agregó que el 11 de febrero pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) denunció ante la fiscalía federal antilavado de dinero movimientos financieros inusuales que hizo Sánchez Martínez, quien en 2009 declaró ingresos máximos por un millón 536 mil dólares, pero durante ese año realizó retiros de diversas cuentas a su nombre por 2 millones 469 mil.

Se trata, precisó el vocero de la PGR, de varios depósitos realizados en el transcurso de los últimos meses que no guardan proporción con sus percepciones como edil del municipio de Benito Juárez y empresario del ramo inmobiliario.

Añadió que la averiguación previa en contra del candidato perredista al gobierno de Quintana Roo se inició el 15 de enero de este año, derivada de una denuncia anónima, pero también de reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.

Luego, varios ex colaboradores de Sánchez Martínez –cuando éste se desempeñaba como alcalde de Benito Juárez–, presos por sus presuntos vínculos con Los Zetas, se convirtieron en testigos protegidos y declararon en contra del ahora detenido.

Tenemos la certeza de que mucha de la gente del ex presidente municipal de Cancún ya estaba involucrada con el crimen organizado. Hay señalamientos de su gente que está sujeta a proceso respecto de que Gregorio Sánchez estaba recibiendo, por él o por medio de sus escoltas, algún tipo de retribución económica por colaborar con este tipo de actividades ilícitas, destacó ayer el vocero de la procuraduría, sin mencionar cantidades específicas sobre esas aportaciones.

Fuentes cercanas a las pesquisas revelaron a La Jornada que uno de los testigos protegidos que declararon en contra del abanderado perredista sostuvo que “gente de Los Zetas le entregaba 30 mil pesos mensuales a Greg Sánchez a cambio de protección en Cancún para ese grupo criminal”.

Ricardo Nájera mencionó que se requirió la comparecencia de Sánchez Martínez, quien se presentó en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) el 3 de mayo pasado; en esa diligencia negó los hechos y se comprometió a declarar posteriormente, lo que ya no hizo.

Interrogado sobre el caso de diversos alcaldes michoacanos que hace un año también fueron arrestados por acusaciones similares a la que ahora enfrenta el político quintanarroense, pero contra quienes la autoridad ministerial no consiguió sentencia condenatoria, Nájera aseguró que son procesos distintos y que los fiscales de la PGR están convencidos de que demostrarán la culpabilidad del indiciado.

En marzo de 2009 fueron detenidos varios colaboradores cercanos de Gregorio Sánchez por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, entre ellos Francisco Javier Delgado, ex director de seguridad pública de Cancún. Esos arrestos se dieron tras el asesinato del general retirado Mauro Enrique Tello Quiñones (quien se desempeñó como asesor del entonces edil hasta que fue ejecutado el pasado 3 de febrero) a manos de un comando armado de Los Zetas.

El candidato perredista fue detenido la noche del pasado martes en el aeropuerto internacional de Cancún y al mediodía de este miércoles fue trasladado al penal federal de El Rincón, en el estado de Nayarit, donde será puesto a disposición del juzgado segundo de distrito de esa entidad.

Se prevé que a más tardar el próximo martes el juzgado de la causa resuelva la situación jurídica del político, ya sea con auto de libertad o de formal prisión.