Debido a la flexibilización de las condiciones de trabajo, la disminución de los derechos laborales, y a que los gobiernos abandonan su papel como árbitro en los conflictos entre trabajo y capital, la situación laboral, sobre todo de las mujeres, ha empeorado, manifestaron sindicalistas durante el seminario De las realidades laborales de las mujeres al trabajo digno.

Agregaron que un ejemplo claro de esto es la prevalencia de una amplia brecha salarial con los hombres, quienes en promedio perciben 30 por ciento más, siendo agricultura, industria, servicios personales, comercio y restaurantes, las ramas económicas de mayor inequidad en este aspecto.

Beatriz Luján, del Frente Auténtico del Trabajo (FAT), indicó que la mayoría de las trabajadoras, tanto en el sector formal como en el informal, reciben a cambio de sus labores entre uno y tres salarios mínimos diarios, lo que en promedio equivale a cerca de 3 mil 500 pesos al mes.

En el contexto de la presentación de experiencias de trabajadoras del sector informal, de empleadas del hogar y de mujeres del campo, precisaron que actualmente, aunque el porcentaje de mujeres que trabajan asciende a 42.2 por ciento, este aumento en la participación no se ha traducido en mejoras en las condiciones laborales, por el contrario, se está muy lejos de ello.

Añadieron que la persistencia de prejuicios culturales que desvalorizan las capacidades y competencias de las mujeres ha fortalecido prácticas de segregación ocupacional, que nos ubican en puestos de trabajo identificados como típicamente femeninos y, por tanto, poco calificados y mal remunerados.

A lo anterior se suma el hecho de que pese a que las mujeres perciben menor salario, tienden a trabajar más horas que los hombres, incluso en algunas maquilas laboran 12 horas diarias, lo que supera las 48 previstas por ley, y añadieron que la tercera parte de las mujeres que trabajan lo hacen en el sector informal.

Norma Malagón, de la Red de Mujeres Sindicalistas, indicó que la inestabilidad laboral producto de formas de contratación atípicas y de la informalidad constituye un factor determinante en el deterioro de la calidad de vida de las trabajadoras, impide el acceso a la seguridad social y, por consiguiente, el acceso a servicios de protección y cuidado de la salud.

Lo anterior explica que la población ocupada femenina sin acceso a la salud muestra un drástico incremento de 34.4 por ciento en los últimos nueve años. De manera que la cifra de la población ocupada femenina sin acceso a los servicios de instituciones de salud es de 10.8 millones, que tiende a incrementarse debido a la crisis económica, apuntó Luján.

Malagón remarcó que durante el encuentro, de forma unánime se repudió la reforma Lozano, por lo que el jueves próximo delinearán un plan de acción en contra de esta propuesta de reforma laboral que, como aseveraron en la inauguración del seminario, precariza aún más la situación laboral de las mujeres.