o es posible dejar de ver el contraste entre la actitud de Miguel Ángel Mancera, procurador general de Justicia del Distrito Federal, con la conducta de otros servidores públicos, homólogos o no, en otras entidades y en otros niveles de gobierno, pero ocupados todos de problemas relacionados con la persecución de delitos, la seguridad y la justicia.
Es elocuente la imagen en fotografías y videos del procurador capitalino, nervioso sin duda, pero con aplomo, dialogando con los asaltantes de ese dudoso negocio particular que es una casa de empeño; el resultado de su respuesta inmediata al radio, al que, según dijo, está siempre atento y su acción de asumir en el lugar de los hechos el mando y salir avante del problema, logrando salvar la vida a los rehenes y posteriormente, la detención de los delincuentes y la recuperación del botín.
Por la intervención del procurador, la de otros servidores públicos y la atención personal del jefe de Gobierno, se evitó el fuego cruzado
en el que siempre están en peligro los ciudadanos, que ni la deben ni la temen; hubo prudencia, poder de convencimiento y manejo coordinado de la difícil situación.
Esta actitud nada tiene que ver con las bravuconadas expresadas desde lugar seguro, ni con guerritas ni con la falacia a la que se ha llegado en algunos ámbitos de la procuración y administración de justicia, en los que se pretende aplicar a los delincuentes el derecho penal del enemigo
.
Predominó, frente a la tentación de uso apresurado o irreflexivo de la fuerza, la presencia del Estado, encarnado en servidores públicos y policías uniformados y el ejemplo de quien da órdenes in situ y no desde lejos y bien custodiado.
No faltan críticas; dirán algunos que quien encabeza una institución no debiera correr personalmente los riesgos, pues hay quienes los corran por él; sin embargo, nunca sobra el valor personal y el ejercicio del liderazgo.
Si en lugar de un agente del Ministerio Público, como lo es el procurador, hubiere estado al frente un servidor público armado y acostumbrado al uso de las armas, se hubiera corrido el riesgo de que el incidente concluyera con víctimas entre los delincuentes, los agentes del orden y algunos civiles tomados por sorpresa. Lamentablemente, la reforma de hace dos años al artículo 21 constitucional encarga la investigación de los delitos ya no al ministerio público, como antes de la reforma, sino también a la policía, así en general, sin especificar a cual de tantas, modificación que ha abierto las pruebas a muchos abusos y errores.
Ciertamente, el Estado requiere de la fuerza para imponer sus fines específicos que son seguridad, orden y justicia, pero esta fuerza, con su expresión en el derecho penal, debe ser la última ratio
. La actitud de Mancera demostró lo importante que es que en momentos críticos esté al frente alguien como presencia de ánimo, pero también con conocimientos y con formación jurídica; el incidente es una lección para los que solo confían en la fuerza de las pistolas y los fusiles.
Recuerdo la expresión de un personaje de cuento, Alfonso F. Ortega, que decía si está en un aprieto mi amigo y tiene que decir con riesgo de arrepentirse en el futuro, opte por actuar, que si se ha de arrepentir de algo, que sea de haber hecho y no de haber dejado de hacer
.
Como se ha repetido mucho en el debate sobre cómo afrontar la inseguridad que nos desborda, tenemos que reiterar que es mejor prevenir y dialogar que reprimir y atemorizar.
