as grandes represas son presentadas como si fueran un símbolo de desarrollo, energía limpia y una alternativa frente a la crisis climática. Nada de esto es verdad y como en tantos megaproyectos, quienes se benefician son unas cuantas empresas trasnacionales, en este caso relacionadas al control del agua, al negocio de la construcción y de generación de energía, mientras se violan derechos esenciales de las comunidades. Es importante desarmar esos mitos, porque la realidad es que tienen consecuencias devastadoras en el ambiente, la salud y el clima, además de enormes impactos sociales y económicos contra las poblaciones locales.

Una razón que esgrime el gobierno para impulsar las grandes presas, es que serían una alternativa a la crisis climática. Sin embargo, según estudios compilados por la International Rivers Network, tomadas en su ciclo de vida y considerando la vegetación y áreas naturales que destruyen para embalses y turbinas y que dejan de absorber carbono naturalmente, sumado al metano que se genera por la descomposición vegetal en los embalses, las grandes presas son emisoras netas de gases de efecto invernadero. Esto se acentúa en las zonas tropicales, donde las megarepresas emiten más gases de efecto invernadero que algunas fuentes de energía basadas en combustibles fósiles.

Es el caso del proyecto hidroeléctrico La Parota, en Guerrero, que sus pobladores resisten desde hace más de siete años, costándoles cuatro muertos, muchos heridos y presos. Pese a que la mayoría de los ejidatarios están en contra del proyecto –logrando que se suspendiera en enero pasado– la CFE consiguió recientemente reunir una asamblea falsa, protegida por guardias armados, donde una minoría consintió al proyecto. El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota no se rinde antes estas maniobras y es urgente apoyar su justa lucha.

La mayoría de las grandes represas construidas o en proyecto en el país, se hacen contra la voluntad de los pobladores locales. No existe ningún caso en que las comunidades desplazadas estén mejor que antes. Priva la desintegración de las comunidades y familias que han debido trasladarse por la fuerza o aceptando condiciones que siempre están muy lejos de las promesas que les hicieron, como es el caso de la Presa Picachos en Sinaloa. Invariablemente, los beneficios de las grandes presas van fuera de las comunidades desplazadas, a engrosar capitales de empresas nacionales y trasnacionales, que además de recibir enormes subsidios por la construcción, ganan con la operación de la presas. En varios casos, también se presentan al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de Naciones Unidas, para cobrar adicionalmente créditos de carbono, mostrando lo cínico de este mecanismo. Las represas La Yesca y La Parota están entre los proyectos que la CFE y el gobierno presentan como casos para MDL.

Otra resistencia actual es contra la presa El Zapotillo, en Jalisco. El objetivo de ésta es trasvasar el Río Verde (lo cual es un desastre ecológico de proporciones, que desequilibrará el ecosistema en las áreas afectadas) para llevar agua a la Ciudad Industrial de León, Guanajuato, la cual en periodos de lluvia sería devuelta a través del Río Turbio a la cuenca Lerma-Chapala-Santiago. Si lo hicieran, devolverían el agua limpia que recibieron, fuertemente contaminada por industrias y agroindustrias, condición actual del Río Turbio. También empeorarían la contaminación del Río Santiago, donde los pobladores del El Salto, Jalisco, están en resistencia contra la gravísima contaminación industrial y de excrementos que los está matando de cáncer y enfermedades respiratorias.

Para construir El Zapotillo en beneficio de grandes empresarios, la Conagua y la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEAJ) pretenden inundar los pueblos Acasico, Palmarejo y Temacapulín, establecidos allí hace siglos. Ante la resistencia de sus pobladores, los amenazan con expropiarlos a la fuerza. Raúl Iglesias, director del Organismo de Cuenca Lerma Santiago-Pacífico, les dijo que si se quedan les compraremos botes y chalecos salvavidas. En el sitio de reubicación no hay tierras para cultivo y tendrían que dejar de ser campesinos y pequeños ganaderos, su actual sustento.

El Colectivo Coa explica que pese a que los pobladores presentaron amparos y juicios de nulidad administrativa y está aprobada la suspensión de obras, la CEAJ sigue los trabajos para reubicación, en flagrante ilegalidad. Sin consentimiento de los pobladores, la Conagua entregó la obra de El Zapotillo a la trasnacional española FCC y la mexicana Peninsular Compañía Constructora y Grupo Hermes. Éstas contarán con un subsidio público de 75 por ciento de los gastos de diseño y construcción y el cobro de ganancias de 25 años de operación. Según Claudia Gómez de Coa, las grandes presas son una de las formas más evidentes de las trasnacionales para robar recursos públicos y obtener lucros privados. Para el gobierno, agrega, otra forma de destruir comunidades campesinas e indígenas, ya que con decretos expropiatorios termina con la propiedad ejidal o comunitaria y sus medios de vida. Como dice Arundhati Roy, las grandes represas son un medio seguro para desarraigar a los campesinos de su entorno y una manera descarada de quitarles agua, tierra y regadíos a los pobres para dárselos a los ricos. Por si fuera poco, empeoran la crisis climática.

*Investigadora del Grupo ETC

Del 10 al 14 de mayo, en el marco de la exposición Agua, Ríos y Pueblos, éstas y otras comunidades afectadas por represas en México tendrán actividades para difundir su lucha y fortalecer sus lazos y resistencias.

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