El agotamiento del sistema penal y de seguridad pública hace apremiante transformarlo de manera radical, ya que una política en materia criminal basada en la inyección creciente de recursos y el endurecimiento de penas no ha sido suficiente, señala un análisis.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados refiere en el análisis Contenido y perspectivas de la reforma penal y de seguridad pública que dicho agotamiento está concentrado, sobre todo, en la falta de coordinación entre autoridades y en que son escasas las garantías para víctimas e inculpados, así como en la inexistencia de un marco institucional y legal que propicie el desarrollo profesional de los operadores del sistema (jueces, agentes del Ministerio Público, policías, peritos y defensores de oficio).

A lo anterior se suma una impartición de justicia lenta y selectiva, que inflige mayor castigo a las personas más vulnerables.

Es necesario, señala el centro de estudios, la modificación del proceso penal, el cual debe ser oral y acusatorio.

Afirma que la Constitución otorga nuevas garantías a víctimas e inculpados, como la presunción de inocencia, la búsqueda de la reparación del daño y la procuración de que el culpable no quede impune ni vuelva a delinquir.