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HRW pide retirar los cargos que socavan la credibilidad de la UE

Grupos que acusan a Garzón, sin legitimidad para promover un proceso, afirma la fiscalía
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 23 de abril de 2010, p. 34

Madrid, 22 de abril. La fiscalía del Tribunal Superior de España solicitó nuevamente sobreseer la causa abierta contra Baltasar Garzón, e insistió en que el juez no cometió ningún delito al investigar los crímenes de la dictadura franquista.

En un escrito presentado a Luciano Varela, el juez del Tribunal Supremo que encabeza la causa, la fiscalía afirmó que las organizaciones que se querellaron contra Garzón en calidad de acusación popular, no tienen legitimidad para promover la apertura de un proceso.

Estas organizaciones, de raíz franquista, son Falange, Manos Limpias y Libertad e Identidad, que buscan impedir que el juez continúe sus investigaciones sobre los crímenes de la dictadura con intención de facilitar una vía legal para exhumar restos de las miles de fosas comunes dispersas en el territorio español desde la Guerra Civil (1936-1939).

La fiscalía indicó que si ella misma no presenta la acusación, y tampoco lo hace de manera particular algún perjudicado, entonces no puede haber juicio, por lo que solicitó el cierre de la causa contra Garzón por el supuesto delito de prevaricación.

Amnistía Internacional pidió retirar los escandalosos cargos contra Garzón. Investigar violaciones de derechos humanos del pasado y dejar de lado una ley de amnistía para los crímenes de derecho internacional como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas, nunca deben ser tratados como un acto criminal, dijo.

Human Rights Watch afirmó que la decisión de procesar al magistrado permite que España y Europa sean acusadas de aplicar un doble rasero y socava la credibilidad y efectividad de la UE (Unión Europea) en la lucha contra la impunidad por delitos graves.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, formada por familiares y víctimas de la represión, presentaron ante el consejo general del poder judicial más de 100 mil firmas de apoyo al magistrado.