La Procuraduría General de la República (PGR) impugnó ayer el amparo que obtuvo Julio César Godoy Toscano –medio hermano del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy–, acusado de vínculos con el crimen organizado, a fin de que un tribunal colegiado de circuito revoque la protección que se le concedió hace dos días, informaron fuentes ministeriales.

En tanto, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) confirmó este miércoles en un comunicado que el juzgado segundo de distrito de Michoacán consideró insuficientes las pruebas aportadas por la PGR, en las cuales se sustenta una orden de aprehensión por delincuencia organizada contra el ex diputado federal electo.

El año pasado el juzgado primero de distrito de procesos penales federales de Nayarit ordenó la aprehensión de Godoy, como parte de la causa penal 3/2009, dio a conocer el CJF.

El juez de Michoacán precisó en el amparo otorgado a Godoy que la PGR sí acreditó la existencia de los delitos contra la salud y delincuencia organizada, pero no que el inculpado los haya cometido ni que esté relacionado con el cártel de La Familia.

Antes de conocer la impugnación, la dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, Fabiola Alanís Sámano, reconoció la labor del Poder Judicial, que no se ha dejado influir por el poder político, y con hechos ha echado abajo los argumentos del gobierno federal y la PGR, afirmó.

Recordó que ya fueron liberados 16 compañeros detenidos arbitrariamente el 26 de mayo de 2009 (cuando se aprehendió a 30 funcionarios estatales por supuestos vínculos con el narco), y se ha venido cayendo el montaje, que incluía el caso de Julio César Godoy.

Dijo que el PRD nacional exige la liberación de las 16 personas aún recluidas en el Centro de Rehabilitación Social de Mil Cumbres –ubicado en el municipio michoacano de Charo– y la cancelación de la orden de aprehensión contra Julio César Godoy, ya que se han demostrado inconsistencias en las acusaciones de los testigos protegidos. A la PGR le quedan dos vías: reconocer su error o la confrontación política y legal, afirmó.