n el 34 aniversario del último golpe de estado en Argentina, la presidenta de ese país, Cristina Fernández, anunció su disposición de llevar a tribunales internacionales el caso de Ernestina Herrera de Noble, directora del poderoso grupo mediático Clarín, sobre quien pesan acusaciones por haber adoptado en forma ilegal a dos hijos de desaparecidos políticos durante la cruenta dictadura militar de aquella nación sudamericana (1976-1983).
Para poner el hecho en contexto, debe señalarse que el viernes pasado la Cámara de Casación Penal de ese país ordenó suspender un cotejo de códigos genéticos con el que se pretendía determinar la identidad de los hijos de la empresaria, como parte de una investigación que impulsa la organización Abuelas de Plaza de Mayo –gracias a la cual se ha logrado identificar a 101 de los 500 hijos de desaparecidos que, se presume, fueron despojados de sus padres durante la dictadura– y que ha sido sistemáticamente obstaculizada por la dueña del influyente consorcio mediático.
Debe saludarse el apoyo reiterado ayer por la presidenta Fernández en favor de las pesquisas promovidas por las Abuelas, pues deja entrever una voluntad de esclarecimiento y justicia en torno a uno de los más oscuros y atroces episodios de la historia argentina: de acuerdo con investigaciones de diversos organismos humanitarios, el régimen impuesto manu militari hace más de tres décadas en aquel país envió a centros de detención ilegales a más de 30 mil sindicalistas, activistas de izquierda, maestros, periodistas, intelectuales y ciudadanos comunes opuestos a la dictadura. En el cautiverio, muchas mujeres embarazadas fueron torturadas y asesinadas, y sus hijos regalados o vendidos a las amistades de los represores.
El peso de la dictadura en la nación sudamericana fue tal que incluso se procuró resguardo e impunidad y para ello presionó y logró, una vez restaurada la democracia en 1983, con la elección de Raúl Alfonsín, la aprobación de aberraciones jurídicas como las leyes de Punto Final (1986) y de Obediencia Debida (1987), con las que fueron abortados los procesos emprendidos en contra de los militares.
Posteriormente, durante la presidencia de Carlos Menem, a la par de la implantación del modelo neoliberal en esa nación sudamericana, fueron emitidos indultos en dos tandas (1989 y 1990), que parecían preservar la impunidad para los torturadores y asesinos y sus mandos, hasta que, con el arribo de Néstor Kirchner a la Casa Rosada, en 2003, el gobierno de Buenos Aires emprendió gestiones para llevar ante los tribunales a los ejecutores de la dictadura. En consonancia con ello, el Congreso argentino impulsó la derogación de las leyes de amnistía citadas y éstas fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema en junio de 2005, lo que permitió la reapertura de varias causas judiciales. Gracias a lo anterior, en los últimos cuatro años han sido sentenciados 66 represores.
Ahora, en lo que constituye uno de los hilos de continuidad con el gobierno de su cónyuge y antecesor, Cristina Fernández se muestra dispuesta a avanzar hacia un esclarecimiento deseable y por demás necesario para evitar que atrocidades como las cometidas por los militares argentinos hace tres décadas –que causaron enorme daño a la sociedad de ese país y fueron objeto de escándalo e indignación mundiales– queden impunes y se pierdan en el olvido, y cabe felicitarse por ello.
Por último, resulta inevitable comparar la disposición mostrada por la presidenta de Argentina con lo ocurrido en nuestro país ante los responsables vivos por los delitos de lesa humanidad que se cometieron durante la guerra sucia, periodo en el que los gobiernos de Echeverría y López Portillo emplearon, en territorio mexicano, métodos similares a los de las dictaduras militares de Centro y Sudamérica: desaparición forzada, encarcelamientos clandestinos, tortura y asesinato de guerrilleros y de muchos ciudadanos ajenos a la lucha armada. A lo que puede verse, las autoridades mexicanas están muy a la zaga de las argentinas en lo que se refiere a voluntad política de esclarecer y hacer justicia por los crímenes que el poder público ha cometido en el pasado reciente.
