Washington, 9 de marzo. Las más altas esferas del gobierno estuvieron involucradas en crímenes políticos durante la campaña de contrainsurgencia en la década de 1970 en México, de acuerdo con documentos publicados este martes por el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés).

Los documentos forman parte de una demanda que presentó el lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la activista mexicana Aleida Gallangos por la desaparición de sus padres a manos de fuerzas gubernamentales en 1975, indicó un comunicado del NSA.

Documentos de inteligencia en los que se detallan crímenes, obtenidos por el NSA, de los gobiernos de Estados Unidos y México, están firmados por el entonces jefe de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), capitán Luis de la Barreda Moreno.

Otros muestran que altos funcionarios de ese organismo, como Miguel Nazar Haro, participaron directamente en interrogatorios y tortura de prisioneros.

Asimismo, los documentos muestran que la información de inteligencia era recibida por la Secretaría de Gobernación, en ese tiempo dirigida por Mario Moya Palencia. A la cabeza de la cadena de comando se encontraba Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación de 1964 a 1970 y jefe de Estado de 1970 a 1976, indicó el NSA.

Los documentos también revelan que organismos estadunidenses, como la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), colaboraron con las autoridades mexicanas al entregarles información sobre los grupos armados.

El padre de Aleida, Roberto Antonio Gallangos, miembro de la Liga Comunista 23 de Septiembre, fue apresado en 1975 por la policía, que lo entregó a la DFS.

Gallangos fue torturado y la información que proporcionó llevó a la captura de su esposa, Carmen Vargas, y de su hermano Avelino Francisco Gallangos. Ambos siguen desaparecidos.

Aleida Gallangos cobró notoriedad en 2004, cuando consiguió ubicar a su hermano, del que había sido separada a los dos años, viviendo en Washington.

Para localizarlo usó parte de los documentos que ahora utiliza en su demanda ante la CIDH contra el Estado mexicano.