Pese a los compromisos a escala internacional adoptados por México para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, en la realidad, en México los derechos de ese sector están lejos de cumplirse.

De acuerdo con la Muestra-diagnóstico nacional de accesibilidad en inmuebles de la administración pública federal, elaborada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con apoyo de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana y la organización civil Libre Acceso, los edificios públicos están lejos de ser 100 por ciento accesibles para las personas discapacitadas.

Registran avances escasos

La información revela que, para convertirse en lugares accesibles para este grupo de la población, dichos espacios sólo han registrado un avance de diez por ciento, aseguró Luis Enrique López Cardiel, integrante de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana.

La investigación, que abarcó 72 inmuebles, demuestra que los avances en materia de garantías para discapacitados sólo benefician a las personas con dificultad motriz, sin tomar en cuenta a quienes enfrentan otro tipo de limitaciones físicas, como la visual o auditiva, y enfrentan mayores dificultades.

Durante la presentación de la muestra se informó que pese a la existencia de políticas públicas de accesibilidad para discapacitados, algunas acciones no se adaptan realmente a este sector, pues, por ejemplo, al menos 60 por ciento de las rampas instaladas en edificios públicos no cuentan con los estándares adecuados.

A su vez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió impulsar una ley específica de accesibilidad para personas discapacitadas, debido a las insuficiencias que presentan los edificios del sector público federal.

La finalidad es identificar y eliminar los obstáculos y barreras –físicas, en la información, institucionales y culturales– que impiden que las personas discapacitadas accedan en las mismas condiciones que el resto de la población a todos los ámbitos y entornos de la vida en la sociedad.

Finalmente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos manifestó su disposición para actuar como mecanismo de supervisión, en términos de la convención internacional correspondiente.