La Habana, 21 de febrero. Ocho mexicanos sentenciados en Cuba podrían terminar de cumplir su condena en México, al acogerse en cualquier momento al Tratado de Ejecución de Sentencias Penales (TESP) vigente entre los dos países, informó aquí el embajador Gabriel Jiménez Remus.

Los ocho casos están en estudio por las autoridades cubanas, dijo Jiménez Remus a periodistas, tras la undécima Reunión Interparlamentaria Cuba-México, que concluyó aquí el sábado.

Durante seis años Cuba se había negado a poner en práctica el tratado, pero cambió de parecer en 2009. La nueva decisión se le hizo saber a la canciller mexicana Patricia Espinosa Cantellano, durante su visita oficial a La Habana, en diciembre pasado.

Cerca de 30 mexicanos, incluyendo algunas mujeres, están presos en Cuba por delitos como narcotráfico y tráfico de personas, entre otros, informó Jiménez Remus.

En el otro extremo del fenómeno de migración ilegal, México ha repatriado hasta ahora a 265 cubanos indocumentados, en aplicación de un memorando de entendimiento entre los dos gobiernos, que entró en vigor en noviembre de 2008. Además, la Marina de México y las Tropas Guardafronteras de Cuba comparten información de inteligencia y tienen un esquema de cooperación para evitar el trasiego ilícito de personas.

Los mexicanos presos y sentenciados eran casos excepcionales en Cuba hasta principios de esta década, cuando empezaron a crecer las detenciones y procesos, principalmente por los dos citados delitos. Varios condenados por tráfico de personas estuvieron entre los primeros en gestionar su repatriación, en los términos del TESP, un instrumento firmado entre los dos gobiernos en 1996.

Los mexicanos están recluidos en las prisiones de La Condesa (exclusiva para extranjeros, en el municipio de Güira de Melena, 40 kilómetros al sur de La Habana), y en el Combinado del Este (varones) y la Prisión Occidental de Mujeres, en la capital.

Los encausados por tráfico de personas han sido originarios o residentes en estados del sureste mexicano, como Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, y han sido acusados de ser intermediarios (o polleros) en el trasiego ilegal de cubanos desde la isla hasta puntos de desembarco o trasbordo en las costas o las cercanías de Cancún y Cozumel.

Cuba había negado sistemáticamente las peticiones de repatriación de esos casos, argumentando la repercusión social del delito.