Después de cuatro años de la explosión en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, este gobierno no ha hecho justicia a los familiares de los trabajadores muertos y persisten las evidencias de que, deliberadamente, Grupo México no quiso rescatar los cuerpos y que, incluso, cuando unilateralmente suspendió las tareas de rescate, todavía había sobrevivientes en el socavón, denunció el obispo de Saltillo, Raúl Vera.

Pasta de Conchos –señaló el prelado– es el paradigma patente del desprecio que tiene el gobierno de Felipe Calderón por la vida de los trabajadores.

El obispo habló durante un acto realizado en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en el que se hizo un recuento de los agravios sufridos por los deudos de los mineros en los mil 460 días que llevan en lucha. María Trinidad Cantú, madre de Raúl Villasana, uno de los mineros fallecidos en la explosión, dijo que ya fue admitida una denuncia contra el gobierno mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la negligencia e ilegalidad con que ha actuado en este caso.

Con la voz quebrada sostuvo: tuvimos que recurrir a instancias internacionales porque en cuatro años este gobierno ha estado sordo, mudo y ciego ante nuestras demandas, que se condensan en una sola: que rescate a nuestros muertos. Si este presidente atendiera los hechos de injusticia, no sería necesario acudir a organizaciones mundiales, puntualizó.

También asistió al acto Oralia Martínez, esposa de Juan Ramón Flores, minero muerto recientemente en el Pocito Ferber, que había sido clausurado y operaba ilegalmente. Con un niño en brazos sentenció: “en este gobierno los empresarios hacen lo quieren, porque les permiten todo; en mi caso, el patrón no pagó ni los gastos funerarios. No se hizo cargo de nada…”

Por su parte, el obispo Vera planteó que la negligencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para hacer justicia a los mineros fallecidos es producto de la inmoralidad y la corrupción con que abiertamente ha protegido a Grupo México para que no cumpla sus responsabilidades.

Contundente, añadió que al gobierno de Calderón no le duelen las familias que han penado cuatro años por los cuerpos de sus muertos, igual que no le importa mandar a 44 mil electricistas a la calle para entregar a los empresarios el negocio de la fibra óptica (…) por todos lados vemos en el país pisoteada la dignidad de los mexicanos.

Este gobierno quiere tapar todo con el argumento de que está enfrascado en una lucha contra el narcotráfico, cuando es evidente que sólo va a haber más muertos y no tendrá frutos de esa batalla mientras no castigue también a los altos políticos que protegen a los delincuentes, así como a los banqueros y financieras que les lavan el dinero, acotó.

Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, comentó que se espera que la CIDH emita una declaración en el sentido de que el gobierno mexicano violó los derechos de los mineros y sus familias, y ordene una investigación seria e imparcial sobre los sucesos. Pasta de Conchos –dijo– no es un hecho aislado, sino clara evidencia de la falta de acceso de los trabajadores a la justicia, con la complicidad entre el gobierno y los empresarios.

En tanto, Carlos Rodríguez, del Centro de Reflexión y Acción Laboral, expuso que de 1989 a la fecha han muerto mil 647 trabajadores en minas y no se ha sancionado a ningún empresario; han permeado la impunidad y el olvido de las autoridades.

Incluso –precisó–, en el caso de Grupo México no ha habido ningún empacho en difundir sus multimillonarias ganancias, la expansión de sus negocios y sus elevadas cotizaciones en el mercado de valores, enriquecimiento basado en la muerte de trabajadores y en la sepultura del derecho de huelga, como ahora pretende que ocurra en Cananea.