La Cámara de Senadores empezará la próxima semana el análisis de las iniciativas de ley antisecuestro y de seguridad nacional que envió el Ejecutivo.

El PRD rechazó que las propuestas se vayan a aprobar en automático tal como llegaron, pues se revisarán de manera exhaustiva y habrá modificaciones.

El PRI señaló que la iniciativa de ley antisecuestros se analizará junto a las 14 propuestas que existen en esa materia, con el propósito de dar a la sociedad, y sobre todo a las autoridades, nuevos instrumentos para combatir ese delito.

Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los senadores priístas, saludó que el Ejecutivo haya enviado su propuesta. Resaltó que en la agenda legislativa de su partido para el presente periodo de sesiones está la necesidad de votar una ley antisecuestros que otorgue los mayores beneficios a la población.

El panista Felipe González apoyó la evaluación conjunta de todas las iniciativas que están en el Congreso, con la finalidad de elaborar un solo dictamen.

Como presidente de la Comisión de Seguridad Pública, se manifestó en favor de la cadena perpetua que propone el Ejecutivo, pues consideró que el secuestrador es un individuo que jamás se va a rehabilitar.

El perredista Pablo Gómez rechazó la prisión vitalicia, porque es contraria a la doctrina constitucional de la reinserción social.

Recordó que el objeto del sistema penitenciario es que los delincuentes dejen de serlo y se conviertan en personas que realicen actividades en forma legal y pacífica. La prisión perpetua que plantea Felipe Calderón es contraria a este principio; eso no podría ser aprobado en el Congreso, enfatizó.

Agregó que incrementar penas no disuade la comisión de delitos. Lo que es disuasivo es golpear la impunidad, hacer valer la ley y proteger a la población. Se pronunció contra la propuesta de que una persona que ya cumplió una sentencia por secuestro lleve un brazalete de localización. Eso tendría que ser parte de la condena.

El Senado dio ayer entrada a la iniciativa del Ejecutivo contra el secuestro. El documento señala como conductas delictivas en esa materia: la detención de una persona en calidad de rehén, el secuestro express, que un individuo simule por sí o por interpósita persona su propia privación de la libertad, y la intimidación que se realice sobre la víctima, los familiares, testigos o representantes, con la intención de que éstos no colaboren con las autoridades.

Asimismo, plantea colocar dispositivos de localización y vigilancia a las personas que hayan cumplido una sanción por secuestro, para prevenir nuevas conductas delictivas.

La iniciativa propone imponer pena de 30 años de cárcel a prisión perpetua cuando el secuestro haya sido cometido por integrantes de instituciones de seguridad pública o privada, y que los sentenciados por los delitos tipificados en la ley no puedan gozar de los beneficios de la preliberación o reducción de condenas.

También plantea otorgar facultades a las instituciones policiales federales para realizar acciones de vigilancia, identificación, monitoreo y rastreo en la red de Internet sobre sitios que constituyan un medio para cometer ese delito.

La iniciativa propone la obligación de que los concesionarios de los servicios de telecomunicaciones proporcionen sin demora, a la autoridad ministerial investigadora, la información y servicios que les sean solicitados, así como suspender el servicio de telefonía para efectos de aseguramiento, cuando así lo instruya la Comisión Federal de Telecomunicaciones.