La Contraloría General del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) resolvió destituir al magistrado Miguel Covián Andrade e inhabilitarlo para ocupar cargo alguno en la administración pública por un periodo de tres años, además de dar vista a la Procuraduría General de Justicia capitalina para que determine la responsabilidad penal a que haya lugar por haber omitido información en su declaración patrimonial.

El magistrado, señala el expediente, percibió un ingreso mensual de 9 mil 864 pesos mensuales del primero de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2009, como investigador de nivel 1 –con adscripción a la Facultad de Derecho de la UNAM– del Sistema Nacional de Investigadores, percepción que omitió en su declaración junto con la cuenta bancaria en la que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) hacía el depósito correspondiente.

El contralor del órgano jurisdiccional electoral, Roberto Cánovas Theriot, remitió ayer la resolución a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), donde la presidenta de la Comisión de Gobierno, Alejandra Barrales Magdaleno, precisó que la norma en la materia obliga a que el pleno de los diputados ratifique el resolutivo del órgano de control interno, y emplazó a Covián Andrade a separarse del cargo por voluntad propia, para evitar el camino difícil, pues nadie gana con el conflicto que podría generarse.

Indicó que para que pueda hablarse de una aprobación legalmente válida tendrían que avalar ese resolutivo al menos 44 de los 66 legisladores que conforman la ALDF, razón por la cual desde la misma noche de ayer se empezaron a repartir copias de dicho documento a todos los representantes populares.

Incluso, puntualizó que la resolución de este órgano de fiscalización será presentada al pleno durante el periodo extraordinario que tendrán los diputados el próximo 24 de febrero, y ahí se tratará de cuidar al máximo todo el proceso legislativo para ese hecho, y evitar que pudiera ser impugnable.

Añadió que la Contraloría Interna ya agotó todos los pasos de un proceso justo para el magistrado Covián, por lo que a los legisladores sólo les corresponderá ratificar el resolutivo de la destitución e inhabilitación de dicho servidor público.

El resolutivo señala que Covián Andrade es administrativamente responsable por contravenir en su conducta disposiciones del Código Electoral para el DF y la ley federal de responsabilidades de los servidores públicos, relativos a la imposibilidad de los magistrados del TEDF de desempeñar otras actividades remuneradas durante su encargo y a la situación patrimonial de los servidores públicos, y se impone como sanción administrativa al doctor Miguel Covián Andrade la destitución del cargo de magistrado que venía desempeñando y una inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de tres años.