Las fuerzas armadas de Bolivia rechazaron este miércoles una orden judicial para abrir sus archivos de las dictaduras, tramitada por el fiscal, Milton Mendoza, a solicitud de familiares de desaparecidos durante el último medio siglo. Más tarde, el ejército anunció que aceptaría entregar estos documentos a la fiscalía, pero que lo hará el 26 de febrero con el fin de poner en orden el archivo que, dijeron, es enorme.

El anuncio fue hecho horas después de que el fiscal Mendoza fracasó en su intento de abrir personalmente los archivos militares y denunció que la cúpula castrense había decidido no acatar una orden judicial de desclasificación, respaldada incluso por el presidente, Evo Morales.

El Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional remitirá toda la información al señor fiscal el 26 de febrero, para fines consiguientes, dijo más tarde el máximo jefe militar boliviano, general Ramiro De la Fuente, según fue citado por la agencia estatal de noticias ABI.

Esta es la primera vez que la cúpula militar boliviana acepta públicamente entregar documentos que, según activistas de derechos humanos, facilitarían la ubicación de restos de líderes como el socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, asesinado durante un golpe de Estado de 1980.

Mendoza abandonó muy molesto las instalaciones militares cuando De la Fuente le negó la desclasificación de documentos de las dictaduras. Tres horas después el jefe militar anunció, para evitar malas interpretaciones, que sí se los entregará, pero hasta el 26 de febrero, porque hay que ordenar la información, porque los archivos son enormes.

El año pasado, Morales aseveró a la prensa extranjera que integrantes del entonces Estado Mayor de las FA le aseguraron que no tenían archivos secretos sobre los desaparecidos.

Antes del anuncio de que las FA aceptaron entregar la documentación, Mendoza señaló que era un despropósito total que los militares se nieguen a cumplir con una orden judicial para desclasificar del escalafón de las fuerzas armadas de los meses de julio y agosto de 1980.

Explicó que De la Fuente le había dicho que esa documentación se le entregaría a un juez y no a la fiscalía, por lo que el representante del Ministerio Público declaró que iniciaría un proceso contra la autoridad castrense por obstaculizar el proceso de investigación y la aplicación de la justicia.

Mendoza convocó, para ingresar con él al cuartel, a la defensora del Pueblo, Rielma Mencias y a Ana Urquieta, presidenta de la Asociación de Familiares de Desaparecidos (Aspfamd), organización que trabaja muy cercana al ministerio de Justicia, a quienes se impidió la entrada.

El fiscal también había convocado a los familiares del líder del Partido Socialista 1, Marcelo Quiroga Santa Cruz y el diputado Carlos Flores Bedregal, desaparecidos el 17 julio de 1980 durante el golpe de Estado de Luis García Meza, quienes no se presentaron.

La familia Quiroga solicitó hace unos días al gobierno que no utilice el nombre de su familiar para designar la ley anticorrupción que hoy se debate en el Senado, y lamentó que a casi 30 años de su asesinato y desaparición el Estado no haya cumplido la responsabilidad que le compete en la búsqueda de sus restos y en el enjuiciamiento de estos graves delitos.

El vicepresidente de la república, Álvaro García Linera, contestó a la familia Quiroga que la ley se mantiene con ese nombre (Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz) ya que se trata de una decisión del órgano deliberativo.

Quiroga Santa Cruz desapareció tras ser detenido por paramilitares durante el golpe del 17 de julio de 1980, que encumbró en el gobierno al entonces general Luis García Meza, quien cumple una condena de 30 años de prisión.

Olga Flores Bedregal, hermana de Carlos, señaló que la autorización a los fiscales para ingresar a los archivos militares podría ser otra tomadura de pelo, ya que lo que la familia ha reclamado es tener acceso directo a esa documentación de las fuerzas armadas y no que se entregue a la fiscalía que hasta el presente no ha abierto de oficio un solo caso de desaparición forzada y peor aún; en el caso de mi hermano ha estado propiciando la impunidad.

En días pasados y esta mañana, antes de entrar a la reunión del gabinete en el palacio de gobierno, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, reiteró a los medios que las fuerzas armadas iban a cumplir la orden judicial porque son ahora una institución democrática.

En su rueda de prensa, De la Fuente dijo que enmarcará sus actos en lo que establece el artículo 98 de la Ley Orgánica de las fuerzas armadas, que establece que la documentación militar tiene carácter secreto e inviolable y sólo podrá ser dada a conocer por petición motivada del Poder Legislativo, o, como en este caso, por orden judicial de juez competente y será mantenida en reserva.

Informó que el fiscal Mendoza le presentó otra orden judicial –que no le ha llegado oficialmente al Comando en Jefe- en que se le solicita toda la información de 1980, desde el 1o de enero hasta el 31 de diciembre.

La apertura de archivos militares fue ordenada la semana pasada por el juez Roger Velarde, a solicitud del fiscal Mendoza y en vista de que una nueva Constitución vigente desde 2009, ordena la transparencia de la información pública.

Familiares de víctimas de dictaduras y otros activistas que aplaudieron la orden judicial como un gran paso no ocultaron su decepción tras la frustrada visita del fiscal a la sede militar.

Decenas de políticos de izquierda -casi 100 según organizaciones de derechos humanos- están desaparecidos desde las dictaduras militares que rigieron la inestable Bolivia entre 1964 y 1982 y que, en varios casos, coordinaron represión con gobiernos de facto de Argentina, Chile y Paraguay.