La controversia constitucional que el gobierno de Sonora presentó en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en el Distrito Federal –recurso similar a los interpuestos por los gobiernos de Jalisco, Guanajuato, Morelos y Tlaxcala– tiene como objetivo que “lo que se apruebe allá (la capital del país) no tenga ninguna posibilidad de surtir efecto aquí, mientras los legisladores y los sonorenses no decidamos’,’ afirmó el gobernador Guillermo Padrés Elías.

El mandatario se negó a definir este miércoles su postura personal sobre los matrimonios homosexuales, y alegó que ello implicaría participar en un debate al que prefiere no entrarle hasta que, en su momento, participen los ciudadanos de Sonora.

El gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, también emanado del Partido Acción Nacional (PAN), se ufanó de que esa entidad fue la primera en México que presentó una controversia constitucional contra la ley en el Distrito Federal y aplaudió que los gobiernos panistas de Guanajuato, Morelos, Sonora y Tlaxcala siguieran su ejemplo.

Afirmó que además de la posible contradicción legal que implicaría que parejas jaliscienses fueran a casarse al Distrito Federal y regresaran a hacer válido su contrato civil con todas sus implicaciones en Jalisco, otras situaciones de facto tendrían repercusiones legales:

Por ejemplo, que puedan los dos (miembros del matrimonio homosexual) sumar sus sueldos para solicitar un crédito ante el Infonavit (Instituto del Fondo nacional de la Vivienda para los Trabajadores), siendo esto una figura que no existe en el Código Civil de Jalisco, crea una duda. Es ahí donde el gobierno del estado presenta ante la (Suprema) Corte (de Justicia de la Nación, SCJN) una solicitud para que decida qué es lo que se tiene que hacer en estos casos específicos. O sea, sí afecta las cosas cotidianas aquí en nuestro estado, dijo.

El cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, deslindó a la Iglesia católica de las controversias constitucionales interpuestas por los gobernadores de Acción Nacional. Es una cuestión legal, y no nos compete a mí ni a la Iglesia, dijo.

Ulises Gutiérrez, Juan Carlos G. Partida y Mauricio Ferrer