La creciente necesidad de recursos para financiar el gasto público choca con la incapacidad de los políticos para emprender una reforma fiscal amplia. Ésta es la conclusión a la que llegó Moody’sEconomy.com, subsidiaria del grupo propietario de la calificadora Moody’s. México ha perdido el tiempo y el sistema tributario continúa siendo ineficiente, aseguró.

El sistema político mexicano parece no estar apto para emprender una vasta reforma en el sistema recaudatorio, como lo evidencia el rechazo a toda reforma de fondo que se ha propuesto en la última década, comentó Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody’sEconomy.com. La incertidumbre fiscal ha empezado a deteriorar la confianza en el país y puede amenazar con empeorarla más en los próximos años, añadió.

En ese entorno de dificultad de construir acuerdos políticos para una reforma fiscal vasta, Coutiño propuso que el gobierno federal y el Congreso, instancias en las que se discute el presupuesto federal de cada año, adopten una regla estructural que obligue al gobierno a ahorrar todo el superávit en época de auge, el cual en general deriva de ingresos petroleros extraordinarios.

La regla del equilibrio estructural se convierte en un mecanismo automático de corrección fiscal, que tiende a generar superávit en época de auge y compensación de gasto en tiempos de crisis, comentó. No sólo genera certidumbre sobre el rumbo fiscal, sino incluso se convierte en promotora de una trayectoria de crecimiento más estable, al ejercer un nivel de gasto consistente con la capacidad económica potencial, dijo.

Sin embargo, la introducción de la regla no está exenta de problemas. De hecho, dada la cantidad de ataduras y compromisos a que se encuentra sujeto el presupuesto federal, la aceptación de la regla estructural enfrentaría resistencia política. Para que la regla sea eficiente y contribuya a eliminar el dispendio o mal uso de recursos, debe obligar al gobierno a ahorrar todo superávit en época de auge, lo cual afectaría la repartición de ingresos extraordinarios a estados y municipios, entre otras cosas. Por ello, la clase política se resistiría a sacrificar los dividendos que obtiene por concepto del petróleo, explicó Coutiño.

En los últimos años el ingreso extraordinario por un precio del petróleo mayor al presupuestado ha sido gastado por los gobiernos federal y estatales. Otros países, como Chile, ahorran los excedentes de la venta del cobre para gastarlos cuando los ingresos disminuyen por la caída en la cotización de su materia prima. En México, una tercera parte de los ingresos fiscales dependen de la exportación de petróleo crudo. Cuando éstos disminuyen, como ocurrió en 2009, el gobierno aplica recortes al gasto.

El sistema tributario mexicano es uno de los más débiles de Latinoamérica por su baja recaudación respecto del tamaño de la economía. Además, el país enfrenta mayores necesidades de modernización y gasto social.

Ante la escasa probabilidad de que la clase política pueda remediar el problema fiscal a corto plazo, la administración presente puede darle certidumbre, viabilidad y sostenibilidad a las finanzas públicas a mediano y largo plazos a través de la adopción de una corrección o disciplina estructural como la propuesta, planteó.