Todas las políticas públicas están en riesgo ante la escalada de los grupos conservadores en las instituciones gubernamentales, los cuales, lejos de anteponer la evidencia científica y el bien común, privilegian sus creencias y convicciones personales, particularmente en los temas relacionados con el ejercicio y avance de los derechos sexuales y reproductivos, señalaron organizaciones civiles.

Las agrupaciones de derecha que integran la Red Familia advirtieron desde 2005 que actuarían así, en una reunión dond, ante la entonces reciente incorporación de la anticoncepción de emergencia en el cuadro básico de medicamentos del sector salud, determinaron buscar las vías para cambiar la estructura de la Secretaria de Salud (Ssa) y colocar en puestos clave a personas afines que pudieran defender la vida desde la concepción.

Ya se ve, señaló Axela Romero, directora de Salud Integral para la Mujer (Sipam), que no se limitan a la defensa de los nonatos, sino a detener cualquier avance en el ejercicio de las libertades individuales.

La activista reconoció que la campaña orquestada por las agrupaciones de derecha está bien articulada y financiada. Sin embargo –advirtió–, representa un peligro para la convivencia nacional, porque implica el avance de políticas autoritarias que excluyen a los diferentes, lo que genera resistencia.

El mayor riesgo –continuó– es que la ubicación de personajes, como el abogado Bernardo Fernández del Castillo, en la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Ssa implica no sólo obstaculizar los avances en esta área, sino que incluso se den retrocesos, por ejemplo, en el ámbito de la planificación familiar, el respeto a los derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas.

Martha Juárez, de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, coincidió en que la labor de Fernández del Castillo –quien también ha sido defensor del cardenal Norberto Rivera frente a las acusaciones de ser cómplice de sacerdotes pederastas– es ser portero para evitar que pasen iniciativas en favor de la libre determinación de los individuos.

Él mismo participó en las reuniones organizadas por el Comité por los Derechos de la Infancia, donde también se planteó la idea de incorporar las garantías de los niños desde el momento de la concepción.

A su vez, Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, señaló que aunque Fernández del Castillo lo niegue, antepone sus creencias religiosas a las políticas públicas. La norma oficial mexicana (NOM) 046 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres fue un claro ejemplo, y más recientemente la NOM sobre prevención y control del VIH/sida, advierte.

En el caso de la primera –precisa–, “todavía enfrentamos los embates de los sectores que buscan poner cortapisas al cumplimiento del ordenamiento, el cual únicamente plantea los lineamientos para hacer efectivo el contenido de la ley vigente de los años 30 del siglo pasado, en torno a garantizar el acceso a servicios de salud para interrumpir un embarazo cuando es resultado de una violación.

“Lo que queda –indicó– es insistir en la denuncia ante organismos internacionales sobre el incumplimiento de México de sus compromisos en materia de respeto a los derechos de las personas. Se trata de que el gobierno calderonista responda, como ya ha tenido que hacer, ante Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el comité de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres.