La próxima semana se resolverá la impugnación que presentó la Procuraduría General de la República (PGR) ante un tribunal unitario de circuito para impedir que el estadunidense Jean Succar Kuri, El Johnny, regrese a la cárcel municipal de Cancún, Quintana Roo; de acuerdo con fuentes judiciales de alto nivel cercanas al litigio, se prevé que la dependencia pierda el caso.

Los abogados del pederasta presentaron este martes un recurso de revocación de la apelación ministerial, esgrimiendo el argumento de que el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP) impide al Ministerio Público Federal presentar apelaciones en segunda instancia judicial contra los ordenamientos de jueces de distrito que resuelven sobre el traslado de reos.

De acuerdo con las fuentes judiciales consultadas, es probable que a más tardar la próxima semana –quizá el lunes– el tribunal unitario con sede en Cancún acuerde que la PGR carece de facultades para impugnar el fallo del juez federal que autorizó que Succar Kuri sea devuelto a una cárcel municipal.

El artículo 367 del CFPP faculta a la PGR para presentar apelaciones sólo cuando se impugnan cuestiones de carácter procesal (sentencias, negativa de órdenes de aprehensión, negativa de cateos, autos de libertad, entre otros temas), pero no cuando se trata de una resolución de juez de distrito que ordena cambiar a un procesado de un reclusorio a otro.

En caso de perder esta apelación, la única opción de la PGR para mantener a Jean Succar Kuri en el penal de máxima seguridad del Altiplano sería que, antes de que el tribunal unitario emitiera su resolución, los fiscales federales obtuvieran una nueva orden de aprehensión contra el pederasta por delitos relacionados con la delincuencia organizada.

Sin embargo, la posibilidad de ejercitar acción penal contra Succar en una semana es mínima, ya que en los cuatro años recientes la PGR no ha reunido los elementos de prueba básicos para consignar diversas averiguaciones previas abiertas contra el estadunidense por lavado de dinero, tráfico de menores y delincuencia organizada.

La autoridad ministerial sigue justificando su posición de mantener en un penal de alta seguridad a El Johnny únicamente en los dictámenes médicos elaborados por peritos sicólogos, quienes sostienen que el procesado enfrenta problemas de identidad que lo llevan a incurrir en parafilias, en la modalidad de actos de pedofilia.

El vocero de la PGR, Ricardo Nájera, aseguró el pasado lunes a La Jornada que los fiscales del caso están convencidos de que el tribunal unitario de circuito de Cancún revocará el fallo del juez de primera instancia, y rechazó que sea inminente un posible traslado del pederasta a Quintana Roo.

En ese contexto, el penalista Óscar Delgadillo, abogado defensor de Succar, sostuvo ayer, en entrevista con este diario, que el hecho de que su cliente esté a un paso de abandonar el penal mexiquense del Altiplano para ser trasladado a la cárcel de Cancún, es responsabilidad directa de la PGR, ya que no ha podido acreditar la presunta responsabilidad del pederasta en delitos relacionados con el crimen organizado, como ordenan las leyes administrativas para mantener en un penal federal a un reo diagnosticado de alta peligrosidad.

El litigante refirió que pese al perfil pedófilo de Succar, él puede estar en cualquier centro de reclusión de mínima seguridad, porque los reglamentos internos de los penales de máxima seguridad obligan a la autoridad ministerial y a la Secretaría de Seguridad Pública federal a demostrar que el procesado enfrenta cargos por cualquier vínculo con la delincuencia organizada.

Hasta hoy, la PGR sólo ha podido juzgar a mi cliente por violación y pornografía infantil, añadió Delgadillo.