a resolución adoptada el pasado jueves por el segundo tribunal colegiado en materia laboral del Distrito Federal, con la que se dan por concluidas las relaciones de trabajo entre Mexicana de Cananea –propiedad de Grupo México– y los más de mil agremiados del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana que laboraban en ese yacimiento, es una medida que socava la vigencia del estado de derecho en el país, exhibe el nivel de desprotección en que se encuentran los trabajadores ante la connivencia de los intereses empresariales y las autoridades, agota las vías de expresión institucional para ese gremio y cancela las perspectivas de una posible negociación para dar solución al conflicto.
El fallo referido da continuidad a la campaña de hostigamiento judicial, represión, criminalización e injerencias emprendida por la pasada administración federal y continuada por la presente contra la organización sindical. Debe recordarse que el conflicto que se desarrolla en Cananea desde el 30 de julio de 2007 –fecha en que diversas secciones del sindicato minero colocaron las banderas rojinegras en yacimientos de Guerrero, Sonora y Zacatecas– es consecuencia de la precariedad lacerante que padecen los trabajadores de ese sector, la cual se expresó, de manera particularmente cruda, con el accidente ocurrido el 19 de febrero de 2006 en el socavón de Pasta de Conchos, Coahuila, donde 65 mineros resultaron muertos.
En ese entonces, en vez de darse a la tarea de dar solución a las indignantes condiciones de trabajo de los mineros y exigir a los empresarios que cumplieran con la normatividad pertinente de seguridad, las autoridades federales emprendieron una campaña contra el sindicato minero, cuya primer manifestación fue el desconocimiento del máximo dirigente del gremio, Napoléon Gómez Urrutia ya que el líder señaló la irresponsabilidad de la empresa y de las autoridades encargadas de supervisar las condiciones laborales imperantes en Pasta de Conchos y logró, con ello, que el gobierno foxista, con el cual mantenía hasta entonces buenas relaciones, iniciara una campaña de acoso judicial en su contra y pretendiera incluso, en una muestra de injerencia abierta e ilegal en la vida interna de la organización, imponer una dirigencia espuria por conducto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Durante los más de 30 meses que ha durado la huelga en Cananea, la postura de las autoridades ha sido abiertamente favorable a la empresa y contraria al sindicato, como lo demuestran los cinco laudos y las tres declaraciones de inexistencia de huelga dictados por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Ahora, con el fallo del tribunal colegiado, el órgano jurisdiccional exhibe un alineamiento vergonzoso a los designios del gobierno federal y, en última instancia, a los intereses de la empresa propiedad de Germán Larrea.
Un elemento que no puede escapar al análisis es que esta determinación, junto con la ofensiva que el gobierno federal ha emprendido contra el Sindicato Mexicano de Electricistas, permiten ponderar la orientación y el calado de la contrarreforma laboral en ciernes, la cual, a decir del titular de la STPS, Javier Lozano, será discutida en el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. No hace falta mucha perspicacia para suponer que la iniciativa calderonista no buscará el beneficio de los trabajadores del país, al contrario, estará dirigida a profundizar las condiciones de precariedad laboral que éstos padecen, a velar exclusivamente por los intereses empresariales y a permitir injerencias sistemáticas en la vida interna de los sindicatos.
En suma, en el conflicto minero de Cananea, al igual que ocurre con la embestida oficial contra el SME, está en juego no sólo el respeto de los derechos laborales de los involucrados, también la vigencia de una legalidad sistemáticamente quebrantada por los patrones y, lo más grave, por las autoridades encargadas de hacerla cumplir, y buena parte de las definiciones en torno a la política laboral en el país.
