La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá los amparos de los líderes y pobladores de San Salvador Atenco que se encuentran presos, como consecuencia de la incursión de la Policía Federal Preventiva a esa población en mayo de 2006.

Trascendió que la mayoría de los ministros votará a favor de la propuesta que presentará hoy José de Jesús Gudiño Pelayo, para que la Corte atraiga y resuelva los amparos directos 245/2009 y 7/2010, presentados por el líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicoa –recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano–, quienes fueron sentenciados por los tribunales del estado de México a más de 100 años de prisión.

De acuerdo con información obtenida en el máximo tribunal, Gudiño hizo suya la petición de familiares y organizaciones nacionales y extranjeras, en razón de la trascendencia jurídica que tiene este asunto para el país y para que la SCJN emita una sentencia definitiva en este asunto, en el que se ha denunciado que autoridades federales y estatales encarcelaron injustamente a los acusados, además de que las sentencias en su contra son excesivas.

Cabe señalar que Juan N. Silva Meza también hizo suya la petición de los atenquenses que están detenidos en el penal de Molino de Flores; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, su petición –que también será apoyada por la mayoría de sus compañeros– no formaba parte de la lista de asuntos que resolverá la primera sala para este miércoles.

Cuando la SCJN analizaba los hechos ocurridos en San Salvador Atenco –el pleno determinó en febrero de 2009 que funcionarios de los gobiernos federal y del estado de México violaron gravemente las garantías individuales de los pobladores de ese poblado–, el ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José de Jesús Gudiño Pelayo se reunieron con los familiares de los activistas detenidos, quienes pedían la intervención de la Corte para resolver la situación legal de los detenidos.

Los ministros les explicaron que la razón de la investigación de la SCJN tenía que ver con la denuncia sobre violación de garantías por las autoridades, y que los ministros estarían en condiciones de intervenir hasta que los tribunales mexiquenses emitieran sus sentencias, porque entonces sí, al presentar un amparo en contra de las mismas, los asuntos pasaban a la esfera de la justicia federal y el máximo tribunal estaría en condiciones de conocer dichos asuntos.

En diciembre pasado, Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle, se presentó en la Corte junto con otros familiares de los presos y se entrevistó con Gudiño Pelayo, a quien le recordó su promesa.

Éste solicitó al cuarto tribunal unitario información sobre los amparos y en los primeros días de enero le anunció a sus compañeros su decisión de que fuera la Corte la que resolviera respecto de los mismos. Silva Meza se sumó y anunció que se haría cargo del resto de los amparos.

Una vez que la primera sala atraiga el asunto, el caso se turnará a un ministro de la misma para que elabore el proyecto correspondiente y se determine si procede o no concederle la libertad a los quejosos.