Al cumplirse 15 años de la ofensiva militar del gobierno federal de Ernesto Zedillo contra centenares de comunidades zapatistas en Chiapas, el 9 de febrero de 1995, y ante el creciente número y gravedad de agresiones contra estos mismos pueblos, sobre todo en la selva Lacandona, colectivos y organizaciones adherentes de la otra campaña en distintas partes el país manifestaron que, con su guerra de exterminio el mal gobierno no sólo busca acabar con el EZLN, sino con la vida y dignidad de los pueblos.

Cabe destacar que la ocupación decretada hace tres lustros se mantiene intacta y aun ahora que se ha militarizado el territorio nacional para combatir al crimen organizado, Chiapas sigue siendo la entidad con mayor presencia de efectivos castrenses.

Lo que (el gobierno) parece ignorar es que el proyecto zapatista ha llegado más allá de nuestras fronteras, vive en muchas partes del mundo. Esos muchos que somos no nos vamos a rendir, sostuvieron los adherentes de la otra campaña.

Por su parte, la Red contra la Represión y por la Solidaridad, también de la otra campaña, se manifestó respecto de las agresiones a bases zapatistas en Bolom Ajaw (municipio autónomo Comandanta Ramona) y Laguna de San Pedro, estos últimos desplazados de Montes Azules.

Las acciones de intimidación y desalojo efectuadas por el mal gobierno, utilizando a la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), o de manera directa, confirman la actividad de las bandas paramilitares con la venia y tolerancia de los tres niveles de gobierno, con la finalidad de despojarlos de esas tierras para fines de inversión en proyectos turísticos.

Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona agrupados en la otra Jovel denunciaron que el gobierno crea, entrena y arma grupos paramilitares para instrumentar conflictos, como lo hace con la Opddic en Bolom Ajaw. Sostienen que disfraza estas agresiones y “para limpiar su imagen muestra una cara de negociación, ‘buena voluntad y respeto a los derechos humanos’, que se cae ante la brutalidad de sus acciones y el descaro con que busca apropiarse de tierras y territorios autónomos zapatistas. El miedo del mal gobierno ha crecido tanto que dispone de sus recursos para crear un clima de terror y violencia, en miras a justificar una intervención militar”.

En tanto, una decena de organizaciones civiles que integran la Red por la Paz en Chiapas manifestaron profunda preocupación por los desalojos ocurridos los días 21 y 22 de enero en comunidades indígenas de Montes Azules, y alertaron del riesgo de nuevos desalojos anunciados por distintas fuentes.

Señalan que con el desalojo forzado de Laguna El Suspiro y Laguna San Pedro, distintas garantías y derechos fundamentales fueron violentados, atentando contra la integridad de niños, mujeres y hombres que ocupan la zona desde tiempos ancestrales.

Los operativos policiaco-militares no han sido los primeros en Montes Azules por lo que, “debido a planes gubernamentales de ‘despeje territorial’ para la creación de circuitos turísticos, se teme continúen fragmentando la vida comunitaria y el tejido social de comunidades en riesgo de desalojo”.

La Red por la Paz destaca la parcialidad de los medios locales por su estigmatización, sin previa investigación y cobertura de las distintas fuentes no oficiales. Al difundir únicamente la versión gubernamental de los hechos, ponen en riesgo la integridad de las familias desplazadas, de los defensores de derechos humanos y de los habitantes de otras comunidades. Las organizaciones civiles con trabajo documentado en la zona rechazan “el discurso de ‘conservación y protección a recursos naturales’ utilizado por los distintos niveles de gobierno para obtener el control territorial –que se traduce en social, político y económico– de una de las zonas más ricas en biodiversidad de Chiapas”.