Consideran que ha beneficiado a los propietarios del Grupo México
notoria ineptitud recurrente
Miércoles 10 de febrero de 2010, p. 14
El juez federal José Miguel Trujillo Salceda, responsable de procesar a los líderes mineros Napoleón Gómez Urrutia y Juan Linares Montúfar, está en la mira del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) luego que el magistrado unitario Miguel Ángel Aguilar López dio vista al órgano encargado controlar la disciplina de los jueces de distrito, ante una posible notoria ineptitud recurrente
del juez Trujillo.
Según versiones de importantes funcionarios judiciales consultados por La Jornada, el reporte que envió Aguilar López a la judicatura para que se indague el actuar del juez de primera instancia, obedece a que en reiteradas ocasiones Trujillo Salceda ha reincidido en su postura de aplicar multas, y no orden de arresto –como lo ordenan las leyes penales mexicanas– en contra de los hermanos Germán y Genero Larrea Mota, presidente y vicepresidente de Grupo México, respectivamente.
Los dos empresarios han incumplido en nueve ocasiones con un citatorio judicial para comparecer como testigos en el juicio contra Gómez Urrutia por presuntos desvíos de 55 millones de dólares.
Ayer, cuando los hermanos Larrea tenían el noveno citatorio por cumplir en el juzgado primero de distrito de procesos penales federales del Reclusorio Norte, los empresarios volvieron a dejar plantado al juez Salcedo.
En ese contexto, abogados de Grupo México tramitaron durante el pasado fin de semana una demanda de amparo en favor de Germán y Genaro Larrea, y el lunes obtuvieron una suspensión provisional que les garantiza no ser arrestados en caso de que el juez Salceda o el magistrado Aguilar López ordenen su detención.
En otro orden, luego de que la empresa Mexicana de Cananea, perteneciente a Grupo México, informó el pasado lunes que ha presentado 165 denuncias penales por robo, daños y graves destrozos
a instalaciones y equipo de esa mina sonorense, que supuestamente han ocurrido durante la huelga, la cual lleva más de dos años, fuentes jurídicas cercanas al caso precisaron que esas querellas aún no se han concertado en órdenes de aprehensión.