Luego de un proceso legal de varios meses, un juez del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) entregará hoy cheques por 21 millones de pesos al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), correspondientes a las cuotas sindicales de los trabajadores que quedaron pendientes en la tesorería de Luz y Fuerza del Centro (LFC) al momento de su extinción.

Dichos recursos serán entregados al secretario del interior, Humberto Montes de Oca, así como al secretario del trabajo del SME, Eduardo Bobadilla Zarza, los cuales tienen toma de nota y encabezaron el proceso para recuperar estos recursos. Según sostuvo el líder de este sindicato, Martín Esparza, los cheques se destinarán a pagar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por el adeudo de cuotas obrero patronales, el cual no ha cubierto el sindicato desde el inicio del conflicto; asimismo, se pagarán deudas a proveedores, algunos de los cuales, al igual que el IMSS, ya presentaron demandas contra la organización para que se les cubran los adeudos.

Del mismo modo, los recursos se utilizarán para el pago de salarios de los trabajadores asociados del sindicato, lo que quedó pendiente desde el año pasado, así como a cubrir aguinaldos de los mismos; también se cubrirá lo correspondiente a los jubilados del SME, aseguró.

En contraparte, el líder de la corriente opositora del gremio, Alejandro Muñoz, señaló que hay irregularidades en la entrega de este dinero al grupo de Martín Esparza, pues el banco Scotiabank depositó los 21 millones de pesos en un tribunal local, cuando tenía que hacerlo en uno federal. Reclamó que Enrique Álvaro Camacho, titular de la oficina central de consignaciones civiles del TSJDF no puede entregar los recursos de las cuotas sindicales a nadie que no sea él, porque es el tesorero con toma de nota y “nadie aparte de mí tiene la personalidad jurídica para recibir estos cheques.

Soy el único tesorero del sindicato, el que tiene la toma de nota y, por tanto, interpondré una denuncia contra quien resulte responsable en el SME por recibir ilegalmente estos recursos, aseguró Muñoz.

Martín Esparza Flores comentó que Muñoz fue destituido como tesorero por la asamblea general del SME, por no cumplir con las obligaciones de su cargo, pues no presentó informes financieros. Además, fue llamado por la comisión autónoma de justicia a rendir cuentas y no asistió, amén de que se presentó una demanda penal en su contra por saqueo de la tesorería del sindicato y robo de valores, y por si fuera poco el ex tesorero tiene tres cheques de 7 millones de pesos cada uno que le pertenecen al SME y no los ha entregado.

Sostuvo que los recursos que tiene Muñoz fueron entregados por conducto de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y que lo apoyó en ello el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón.

En respuesta, Alejandro Muñoz sostuvo que autoridades capitalinas, del TSJDF y hasta del Partido de la Revolución Democrática le ayudaron a Esparza a obtener los 21 millones de pesos de cuotas. Incluso aseguró que la desocupación de la plancha capitalina por parte del sindicato fue parte de esta negociación.

Respecto de la promesa gubernamental de que serían recontratados los sindicalizados que primero se liquidaran, el líder de la oposición reconoció que a cuatro meses de la extinción de la paraestatal no se ha cumplido con este ofrecimiento y no hay ni un contratado por la CFE.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, presentó una denuncia ante la Junta de Coordinación Política y la mesa directiva contra Luis Enrique Herrera Medina, director Jurídico de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales de la Cámara de Diputados, quien aportó argumentos para confirmar la negativa al amparo solicitado por los electricistas contra la extinción de LFC.

En su escrito, que se ventiló ayer en la reunión previa de la mesa directiva, Zambrano refirió que cuando un juez de distrito resolvió que la justicia no ampara ni protege al SME, Herrera Medina interpuso un recurso de revisión adhesiva a tal fallo, cuando las autoridades sólo pueden presentarlos cuando las resoluciones le son desfavorables.

Con información de Enrique Méndez y Roberto Garduño