Disentir en la bancada del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) tiene consecuencias. Así lo demuestra el caso de la diputada Lía Limón, quien fue puesta en el banquillo de los acusados por negarse a firmar la acción de inconstitucionalidad con que se pretendían echar abajo las reformas que permiten el matrimonio y la adopción entre personas del mismo sexo.

La legisladora no sólo recibió un jalón de orejas de su coordinadora de fracción, Mariana Gómez del Campo Gurza, sino enfrentó el amago de algunos de sus compañeros, quienes pedían su salida del grupo legislativo.

De hecho, ese asunto obligó a una reunión entre los legisladores de Acción Nacional y su recién designado líder capitalino, Obdulio Ávila, para analizar el tema. Algunos panistas presentes adjudicaron a Fernando Rodríguez Doval la exigencia de expulsión de Lía Limón, hija del ex secretario priísta de Educación Pública Miguel Limón Rojas. Otros negaron el hecho e indicaron que sólo hubo quien dijo: en el PRD por menos de eso expulsaron a uno.

La negativa de Lía Limón a sumarse al alegato judicial –que finalmente presentó la Procuraduría General de la República ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación– provocó que la sacaran de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor, una de las de mayor peso en el órgano legislativo. Incluso, que la propia Gómez del Campo se negara a responderle llamadas telefónicas.

A pesar de que en dicho encuentro se pidió mantener ese asunto interno, ya todos saben las consecuencias de disentir en el blanquiazul.