A propuesta del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), la Cámara de Diputados votará hoy una solicitud de la Junta de Coordinación Política a la mesa directiva para que interponga una controversia constitucional en contra de las disposiciones administrativas publicadas el 6 de enero por Petróleos Mexicanos (Pemex), que permiten los contratos con particulares para la explotación de petróleo.

A partir de un documento elaborado por el diputado Jaime Cárdenas Gracia, la Junta de Coordinación Política asumió que con esas disposiciones el Ejecutivo invade facultades del Legislativo en materia de regulación de hidrocarburos, al abrir a empresas trasnacionales todas las etapas de la cadena industrial de explotación de petróleo.

En conferencia de prensa, el coordinador del PT, Pedro Vázquez González, informó que la Junta de Coordinación Política hizo suya la necesidad de interponer la controversia y requerir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarar la invalidez jurídica de las disposiciones aprobadas por el consejo de administración de Pemex, en su sesión extraordinaria del 18 de diciembre.

La Constitución, resalta el documento de Cárdenas Gracia, prohíbe terminantemente que en la explotación del petróleo e hidrocarburos se concedan a particulares concesiones o contratos. Sin embargo, en las disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación, señala, queda diluido el principio de rectoría del Estado, pues se pretende abrir la puerta a la celebración de contratos con particulares para la explotación de petróleo.

El legislador petista refirió que el acuerdo del consejo de administración permite que las actividades de exploración y explotación de crudo son susceptibles de contratación con terceros, quienes serán remunerados conforme a parámetros vinculados al volumen de la producción o a un precio por unidad convenida.

De ello, agregó, no está exenta la fase de refinación, de manera que los inversionistas privados estarán en aptitud de operar plantas de refinación o de cogeneración, o bien hacerse cargo de los procesos técnicos de fraccionamiento o destilación, conversión, tratamiento, combinación y mezclado, u otras operaciones.

Cárdenas Gracia resaltó que ello constituye una violación flagrante a los principios constitucionales inherentes a la industria petrolera nacionalizada. Porque, dijo, si todas las actividades sustantivas de carácter productivo son susceptibles de contratación, Pemex y sus organismos subsidiarios se limitarán a desempeñar el rol de simples gerentes o administradores de la constelación de contratos en la cadena petrolera.

Esto configurará, sostuvo, una auténtica perversión o desnaturalización del mandato supremo que ordena que es a la nación a quien corresponde la explotación directa e integral de los hidrocarburos.

El estudio del diputado del PT refiere que con la difusión de prebases de licitación a través de la Internet, Petróleos Mexicanos inducirá a los mercados y a los agentes económicos interesados en participar, con lo cual se alterará la libre concurrencia y competencia, así como el surgimiento de monopolios.

Cárdenas Gracia detectó que en los requisitos impuestos por el consejo de administración, la experiencia y capacidades de las empresas interesadas se determinarán por su actividad global o regional, o bien con la suma de integrantes de un mismo consorcio.

Tal requisito propiciará el surgimiento de concentraciones monopólicas u oligopólicas opuestas al artículo 28 constitucional, pues sólo las grades empresas de origen extranjero podrán acreditar experiencia y capacidades global o regional, evaluó.

Asimismo, ayer la Junta de Coordinación Política acordó que en la sesión de hoy se dispense la primera lectura y se vote el dictamen de reforma al artículo 40 constitucional, para definir que además de representativa, democrática y federal, la República Mexicana es laica.

También recibió un informe del comité de administración, respecto de que está por cumplirse la meta de ahorro de 500 millones de pesos en el gasto de la Cámara, que redujo no sólo viáticos de diputados y comidas, sino también hubo recortes en el rubro administrativo.