Ante la falta de pago de las multas por parte de los concesionarios de radio y televisión (en especial Televisa y Televisión Azteca), consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) reconocieron la complejidad de concluir estos procesos, ya sea por la diversidad de recursos legales interpuestos o porque en la etapa de cobro de sanciones está involucrada la Secretaría de Hacienda.

El consejero electoral Virgilio Andrade dijo que la causa de que no se han entregado pagos de las televisoras aun en los casos en que ha causado estado la determinación del IFE de sancionarlas puede ser que en las instancias judiciales ordinarias o en colegiados de segunda instancia se mantengan abiertos litigios promovidos por los concesionarios que impiden ejecutar las multas.

Por su parte, el consejero Arturo Sánchez, presidente del Comité de Radio y Televisión, dijo que el IFE enfrenta diversas situaciones en cuanto a los litigios con los concesionarios. En algunos casos las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aún se mantienen en litigio por la vía de la autoridad electoral, en otros se ha cuestionado incluso la constitucionalidad de las decisiones del IFE, como ha hecho Televisión Azteca.

Sin embargo, en aquellos en que han quedado firmes, el IFE podría estudiar las vías para concretar el cobro y, en caso de que Hacienda no hiciera efectivo el cobro –como corresponde a la ruta legal trazada–, el instituto podría incluso acudir al superior jerárquico del secretario –el Presidente de la República– para lograr este objetivo, mencionó Sánchez.

Entrevistado sobre el hecho de que los dos grandes consorcios televisivos adeudan 52 millones de pesos al IFE por concepto de sanciones acumuladas, Andrade reconoció que este punto debería revisarse por parte del Poder Legislativo para hacer más efectivo los procedimientos sancionadores.

Esto no sólo se requeriría para hacer efectivas las multas sino también para aquellos casos en que parte de las sanciones consiste en reponer los promocionales no difundidos por los concesionarios que forman parte de los tiempos del Estado y que deben ser retransmitidos en tiempos comerciales.

Algunas de las resoluciones del IFE que han sido ratificadas por los magistrados ordenan que los concesionarios restituyan los tiempos no transmitidos, aspecto que también ha encontrado obstáculos. En algunos casos las instancias judiciales administrativas determinan algunas suspensiones que retrasan los procedimientos del IFE para ordenar las reposiciones.

Andrade recordó que la reforma legal de 1996 trató de diferenciar la vía legal electoral de la ordinaria, a efecto de que corrieran por caminos diversos. No obstante, al paso del tiempo, conforme se fueron añadiendo nuevas facultades al instituto, este esquema ya no fue operativo, toda vez que las nuevas responsabilidades involucraban también otros ámbitos que podrían ser recurridos en otras instancias legales, manifestó el consejero electoral.