Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud realizaron ayer un paro de labores para demandar la renuncia del Comisionado Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), Miguel Ángel Toscano Velasco, quien, señalaron los inconformes, ha violado acuerdos laborales y reducido unilateralmente prestaciones.

Denunciaron que en la dependencia se hacen asignaciones directas de contratos, sin licitación; por ejemplo, para la compra de uniformes, de lo cual ofrecieron entregar pruebas en el futuro.

El gremio aseveró que, bajo la amenaza de correr a todo aquel que proteste o coloque mantas en el edificio de Cofepris, funcionarios menores, bajo el mando de Roberto Besares, advirtieron a dirigentes y trabajadores que no tienen derecho a manifestarse, porque es un edificio público, y que se usará la fuerza pública.

Los trabajadores –de las secciones cinco, siete y 89 de ese gremio– suspendieron actividades a las 12 horas y señalaron que continuarán en movilización hasta que sea removido Toscano.

A su vez, los líderes seccionales Juan Manuel Campos, Carmen Lucía Contreras y Angelina Hernández instaron al secretario de Salud, José Ángel Córdova, a que deje a un lado la simulación y tome cartas en el asunto, porque el movimiento sindical continuará hasta que haya una respuesta en tiempo y forma al pliego petitorio.

Frente al edificio de Cofepris, los dirigentes denunciaron que Toscano Velasco y su camarilla de funcionarios se mantienen en cerrazón permanente y evaden el diálogo y la negociación, lo cual repudiaron, y anunciaron paros laborales mayores.

Detallaron que las prestaciones que les escatiman están principalmente relacionadas con seguridad e higiene, servicios médicos, capacitación, equipo y uniformes, e hicieron hincapié en que en el edificio de la Cofepris hay un hacinamiento riesgoso para el desempeño laboral.

Otra irregularidad en la que, aseguraron, ha incurrido la dirección del Cofepris, es que por todos los medios busca hacer asignaciones directas para que sus proveedores fabriquen los uniformes, lo que origina la sospecha de que ya tienen el negocio amarrado, sin que se realice la licitación pública que por ley corresponde.

Agregaron que las autoridades no han entregado uniformes desde 2008, y cuando los trabajadores se inconformaron pegando mantas en el edificio de la dependencia, éstas fueron retiradas y hubo amenazas de despido para quien se inconforme.

Campos sostuvo que cuando Toscano declaró sobre agua contaminada en el Distrito Federal, no tenía pruebas, pues en el área donde se realizan los análisis respectivos no había nada.

Las pruebas para ser analizadas llegaron mucho después de la declaración, lo que demuestra la forma en que se conducen estos funcionarios, sostuvo.

Añadió que han sido engañados los más de mil 500 trabajadores del organismo, a quienes se ha hecho creer que se instalará una comisión para revisar la situación de las prestaciones. Ante lo anterior, anunció que están dispuestos a radicalizar sus protestas y llegar hasta las últimas consecuencias.