Chihuahua, Chih., 8 de febrero. Organizaciones no gubernamentales y familiares de víctimas de abusos cometidos por militares que participan en la Operación Conjunta Chihuahua, conocida ahora como Operación Coordinada, denunciaron ante el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, que en Chihuahua existen actuaciones ilegales y graves que han realizado las autoridades que deberían garantizar el estado de derecho, y le plantearon, entre otros casos, el de tres jóvenes detenidos por militares el pasado 29 de diciembre y que permanecen desaparecidos.

Por medio de una carta entregada en manos del titular de Gobernación, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; la Mesa de Mujeres CC; la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, así como familiares de víctimas, demandaron que, junto con las acciones de un plan social para Ciudad Juárez, se garantice también la procuración de justicia y la aplicación de la ley, aun cuando ésta pueda afectar intereses militares.

Las organizaciones civiles informaron sobre varios casos de abuso cometidos por personal del Ejército, como sucedió con Nitza Paola Alvarado Espinoza, de 18 años; Rocío Irene Alvarado Reyes, de 31, y José Ángel Alvarado Herrera, de 20 años de edad, quienes fueron detenidos el 29 de diciembre de 2009, alrededor de las 8 de la noche, en la Buenaventura, Chihuahua. Diez militares que portaban uniformes y armas oficiales se los llevaron con violencia y sin presentar ninguna orden judicial frente a varios de sus familiares y testigos.

En la carta entregada a Gómez Mont refieren que a pesar de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) negó que los militares tuvieran a estas tres personas, funcionarios de la Procuraduría de Justicia del estado refirieron que ellos tenían información de que habían estado en el 35 batallón de infantería, y la camioneta donde viajaban los jóvenes fue entregada al Ministerio Público estatal y se encuentra en un patio de almacenaje de la procuraduría en Nuevo Casas Grandes, mientras las personas mencionadas permanecen en calidad de desaparecidas.

Denunciaron que apenas el pasado sábado 6, militares en activo, con armas y en un vehículo Hummer –con número de identificación en la puerta 0920044– acudieron a la casa de la madre de José Ángel Alvarado Herrera, uno de los desaparecidos, “‘para intimidar e interrogar a la familia sobre su vida personal, e hicieron referencia explícita a los tres muchachos ausentes”.

Otra denuncia entregada al titular de Gobernación detalla el abuso al que fue sometido el joven Manuel Ubaldo Hernández Ortiz, de 20 años de edad, detenido por militares el 17 de octubre en Ciudad Juárez, alrededor de las 11:30 de la noche, cuando salió de un salón de baile con tres amigos, dos de ellas mujeres, para una revisión.

A Manuel se lo llevaron frente a sus amigos y testigos sin dar explicaciones y nuevamente sin una orden judicial ni la existencia de algún delito. Fue incomunicado durante 12 horas y sus familiares no supieron nada de él hasta el día siguiente, cuando fue presentado en las instalaciones de la Procuraduría General de la República en Ciudad Juárez, con evidentes contusiones y golpes en el cuerpo, acusado de posesión de mariguana y cocaína. Existe contradicción entre lo que dicen los militares y los testigos, sobre el lugar y la hora en la que se llevó a cabo la detención.

Las organizaciones exigieron al secretario Gómez Mont que los tres niveles de gobierno apliquen la ley para proteger a los más débiles y se sancionen los abusos de poder. También que sean consensuadas las nuevas estrategias con las organizaciones civiles que durante años han documentado los daños colaterales de los operativos fallidos.

No puede haber un plan integral planteado desde la calle Bucareli, a miles de kilómetros de aquí, sin procuración de justicia y menos si se empeñan en marginar al gobierno estatal, al municipal y a las organizaciones de la sociedad civil que piensan diferente, señalaron.