Ante el vacío legal en la materia, el grupo plural del Senado que da seguimiento a la situación jurídica de los alcaldes michoacanos detenidos por presuntos nexos con el crimen organizado prepara una iniciativa de ley con el fin de establecer la obligación del Estado de reparar el daño moral a los servidores públicos y demás ciudadanos injustamente encarcelados.

Los senadores Carlos Sotelo, del PRD y Ricardo Monreal, del PT, resaltaron que es una reforma que debe estar lista en este periodo de sesiones, para evitar que ocurra lo mismo que con los ediles y funcionarios estatales de Michoacán, así como de los custodios del penal de Cieneguillas, Zacatecas, quienes sufrieron aprehensiones ilegales y un proceso lleno de irregularidades y al ser liberados, finalmente, ni siquiera recibieron un usted disculpe.

Sotelo, quien coordina el grupo plural, anunció que la iniciativa que preparan señalará la responsabilidad del gobierno federal ante detenidos que al final del proceso judicial son declarados inocentes, como ocurrió con los alcaldes michoacanos, lo cual de seguro pasará también con los otros 20 aún encarcelados, ya que enfrentan acusaciones con base en testimonios de testigos protegidos que fueron ya desechadas por el juez de la causa, debido a que son inverosímiles.

En entrevista aparte, el senador Monreal adelantó que propondrá modificar la legislación penal, para establecer la obligación del Estado mexicano de resarcir el daño moral a personas acusadas falsamente.

Es importante esa modificación legal, abundó, frente a un gobierno como el de Felipe Calderón, que utiliza el aparato judicial con fines político-electorales, así como para atacar a los adversarios.

Los afectados, apuntó, pueden presentar denuncias ante el Ministerio Público, pero la ley no es clara y se requiere un capítulo completo de reparación del daño en el Código de Procedimientos Penales, a fin de que haya una reivindicación pública para salvar la honra, la integridad y el buen nombre del afectado.

Sotelo recalcó que el Legislativo debe impedir que se repitan situaciones como las vividas por los alcaldes y funcionarios michoacanos, a los que se detuvo en medio de un enorme despliegue mediático, acusados de nexos con los narcotraficantes de esa entidad, y se les mantuvo 10 meses en un penal de alta seguridad, con acusaciones frágiles, inconsistentes. Por ello, siempre sostuve que eran presos políticos, insistió.

Monreal explicó que en el caso de los 52 custodios del penal de Cieneguillas, apresados bajo la acusación de haber permitido la fuga de narcotraficantes, 31 de ellos ya fueron liberados, pues no se encontraron pruebas que los liguen con el crimen organizado.