Organizaciones de derechos humanos demandaron a los legisladores federales que la comparecencia del gabinete de seguridad convocada para este lunes en el Senado sea pública y de cara a la nación –y no privada, como se ha planteado–, debido a la importancia y trascendencia de los temas a tratar, los cuales resultan prioritarios para la opinión pública.

Varios centros de derechos humanos –sobre todo de Ciudad Juárez, Chihuahua– enviaron una carta a la Junta de Coordinación Política del Senado y a la Comisión Bicamaral de Seguridad Pública, en la que subrayan la necesidad de que durante la comparecencia de los funcionarios federales se hable de los abusos militares cometidos en los operativos de seguridad, para frenarlos de una vez por todas.

Los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Fray Jacobo Daciano, así como las organizaciones Cáritas Diocesana de Ciudad Juárez, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, Pastoral Obrera de la Diócesis de Ciudad Juárez y Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, entre otras, afirman que la reunión de los representantes del Ejecutivo federal y los legisladores será productiva y positiva siempre y cuando se cumplan algunas consideraciones.

Entre ellas, destacan la necesidad de que en las acciones legislativas y el diálogo sobre seguridad pública y procuración de justicia se antepongan los derechos humanos y la dignidad de las personas, incluidos los presuntos delincuentes.

En la revisión de la estrategia gubernamental de combate a la delincuencia organizada y la inseguridad debe redefinirse seriamente y con objetividad el papel que han jugado las fuerzas armadas, sin menoscabo de su invaluable función constitucional en defensa de la seguridad interior y la seguridad nacional, señalan.

Insisten en que si bien se debe erradicar la corrupción de las autoridades y de las policías civiles, el uso indiscriminado de las tropas ha trastocado el orden público y la paz social, lo que ha provocado la constante suspensión de las garantías individuales sin la declaratoria expresa a que obliga la Constitución.

Agregan que durante la reunión de este lunes también debe analizarse la necesidad de frenar, “de una vez por todas y hasta sus ultimas consecuencias, las prácticas violatorias de los derechos humanos (algunas de ellas clasificadas como delitos de lesa humanidad), como las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada de personas, el allanamiento ilegal de morada, las detenciones arbitrarias, la incomunicación y la tortura, así como otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”, en las que han incurrido elementos castrenses.

Otro elemento fundamental que los legisladores deben plantear, sostienen, es evaluar la posibilidad de abrogar de la Constitución la figura del arraigo, tomando como base los principios universales al debido proceso y a la presunción de la inocencia.

Proponen que durante la reunión con el gabinete de seguridad se contemplen las reformas a la ley necesarias para cumplir con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diciembre pasado, en el caso Rosendo Radilla –desaparecido durante la guerra sucia por militares–, que condenó al Estado mexicano como responsable de violar garantías fundamentales.

Solicitan que en la reunión se incluya a las comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y del Senado.