l incremento que las autoridades federales determinaron aplicar a partir de hoy en los precios de las gasolinas y el diesel –el segundo en lo que va del año y el cuarto en menos de seis semanas– constituye un elemento de profundización para el estado de crisis que enfrenta una porción mayoritaria de la población; prefigura un nuevo escenario de carestía y deterioro generalizado de la calidad de vida, y arroja nubarrones adicionales al de por sí gris panorama de la recuperación económica en el país.
De poco han servido los reclamos de los sectores que, en semanas y meses recientes, se han sumado al rechazo a la aplicación mensual de estos aumentos –movimientos sociales, organizaciones campesinas, representaciones sindicales y de sectores productivos, partidos de oposición, académicos, entre otros–, y que han señalado alternativas viables para revertir estas alzas sin afectar las finanzas públicas: la aplicación de planes de austeridad en el gobierno, así como la adopción de una política fiscal justa y equilibrada, que cobre impuestos a las empresas que hoy no los pagan, según ha reconocido el propio Felipe Calderón.
Tampoco parece haber importado en el círculo oficial la consideración del carácter particularmente nocivo que tendrán estas alzas al conjuntarse con otras, como las que se aplicaron en la electricidad y el gas LP, así como con otros elementos igualmente nocivos, como la devaluación del peso, que ayer ligó su tercera semana consecutiva de retroceso frente a la divisa estadunidense y se ubicó en su peor nivel en tres meses. Es de suponer que todos esos factores presionarán hacia una inflación que, según prevén distintos analistas, difícilmente podrá ubicarse dentro de la expectativa fijada por el Banco de México, en un máximo de 5.25 por ciento para 2010.
Ante la persistente perspectiva de catástrofe económica, las autoridades mexicanas, las cuales en su momento no quisieron tomar en serio los indicios de la crisis, ahora se empeñan en gobernar como si ésta estuviese plenamente superada, y muestran con ello una inaceptable falta de previsión, de estrategia y de rumbo. En vez de fortalecer la economía nacional, se ha optado por socavarla de múltiples maneras: la más evidente es la mencionada aplicación de medidas como las alzas generalizadas a los combustibles y la electricidad, pero también se ha dado continuidad a acciones de debilitamiento a los sectores productivos, a políticas de contención salarial particularmente agraviantes en un entorno de reactivación inflacionaria, a las restricciones en el gasto en salud, educación y bienestar social, y en general a medidas que provocan una contracción mayor del mercado interno y un efecto depresor en la inversión productiva y, sobre todo, en los bolsillos de la población.
En la hora presente, resulta inevitable reiterar que los malos manejos económicos oficiales encierran la perspectiva indeseable de llevar al país por los rumbos de la ingobernabilidad. Es necesario, en suma, que los encargados de la conducción del país se decidan a cambiar de rumbo, reviertan a la brevedad medidas tan nocivas y antipopulares como las comentadas y pongan la gestión económica de la nación al servicio de la gente.
