El proyecto gubernamental de que haya un tribunal que revise las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) es anticonstitucional, vulneraría la autonomía del organismo y atentaría contra la transparencia en el país, consideró Jacqueline Peschard, presidenta del organismo.

Por su parte, el diputado panista Javier Corral advirtió que tal pretensión no prestigia al gobierno del presidente Felipe Calderón y va contra la constitucionalidad. No es hora de someter el derecho de acceso a la información de los ciudadanos a largos litigios judiciales, dijo.

Peschard precisó que si existiera una entidad que revisara las resoluciones del IFAI desde la óptica de los sujetos obligados, es decir, desde las dependencias, obstaculizaría el ejercicio del derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública mediante procedimientos ágiles, expeditos y garantizados por un órgano autónomo.

“Pretender que haya una instancia que revise en un tribunal administrativo las resoluciones del órgano garante, es decir, el IFAI, es entorpecer un procedimiento que la misma Constitución señala que debe ser ágil para que el ciudadano tenga la información gubernamental a que tiene derecho, la cual le pertenece; los servidores públicos sólo la resguardamos temporalmente.

–¿Habrá algún llamado a la PGR (Procuraduría General de la República) o las autoridades federales a que cambien su postura?

–La postura de la PGR en cuanto a hacer pronunciamientos contra una acción de inconstitucionalidad sobre la Ley de Transparencia de Campeche viene de 2009. Hace dos semanas, los comisionados del IFAI señalamos al secretario de Gobernación nuestra preocupación de que se reforme la Ley Federal de Transparencia para crear un tribunal o alguna instancia por encima de las resoluciones del instituto. En esa reunión acordamos que el funcionario nos mostrara que no hay intención del gobierno de promover una iniciativa en ese sentido.

–¿Qué está pasando con el gobierno federal, está faltando a su palabra?

–No quiero poner calificativos a supuestos. El IFAI trabaja sobre actos efectivos. De lo que habla hoy la prensa es del oficio de la PGR a los ministros de la Corte para oponerse a la acción de inconstitucionalidad promovida por la diputación panista en el estado contra la Ley de Transparencia; eso es lo que hay y hasta ahí podemos pronunciarnos.

–¿Al gobierno federal le es incómoda la transparencia?

–Está proponiendo que las entidades públicas, las autoridades, los sujetos obligados desde la perspectiva de la Ley de Transparencia puedan interponer recursos ante las resoluciones del IFAI, con el argumento de que se apegan al sexto constitucional, lo que muestra su inconformidad con que el instituto sea un órgano que resuelva de manera definitiva.

A su vez, el diputado Corral consideró que no es hora de crear más instancias burocráticas, sino de fortalecer las competencias y facultades de un órgano que se constituye en signo inequívoco de prestigio creciente, en garantía del derecho a la información de los mexicanos. Con todo respeto, pero también con preocupación, expreso que no prestigia al gobierno de Felipe Calderón promover un alegato que valide una disposición que atenta contra la eficacia práctica del acceso a la información y contra la constitucionalidad de los principios de especialización, característica específica de las resoluciones del IFAI.

Óscar Guerra Ford, presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, señaló: “es regresivo; es poner en jaque mate el asunto de la transparencia. El precepto constitucional es muy claro de que haya órganos especializados en la materia y que sus resoluciones deben ser definitivas”.

Artilugios de la PGR

Sin embargo, aunque aún está pendiente la reforma constitucional que pretende impulsar el gobierno federal, desde hace varios meses la PGR se ha valido de artilugios legales para evitar entregar información relacionada con averiguaciones previas de casos concluidos, aunque la ley la obliga a proporcionar ese tipo de datos que no forman parte de indagatorias en curso.

Así lo demuestra el caso de la solicitud de información que en 2008 le presentó la asociación civil Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) para que le diera copias del expediente relacionado con una indagatoria sobre la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida el 25 de agosto de 1974 en un retén militar de Acapulco, Guerrero.

La CMDPDH, que preside Juan Carlos Gutiérrez, ha asumido la representación jurídica de la familia Radilla en su pretensión de que se sancione a los responsables de la desaparición del luchador social guerrense, y en diciembre pasado, tras un largo litigio en tribunales internacionales, la ONG consiguió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declarara culpable al Estado mexicano por la desaparición forzada de Radilla Pacheco.

Como parte de la documentación indispensable para litigar el caso Radilla ante el organismo internacional, en 2008 los abogados de la CMDPDH solicitaron al órgano de transparencia adscrito a la PGR información sobre el expediente de ese caso, pero la dependencia se negó, por lo que debió intervenir el pleno del IFAI.

En mayo pasado, el órgano colegiado responsable de vigilar la transparencia gubernamental resolvió que la información relacionada con investigaciones de violaciones graves de derechos humanos no puede ser reservada, y ordenó al Ministerio Público Federal entregar a la CMDPDH una copia de la indagatoria solicitada. En total desacato, la PGR optó por iniciar un litigio en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para buscar la nulidad del resolutivo del IFAI, juicio que aún está en trámite.

Con información de A. Méndez