l recurso de inconstitucionalidad que la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso el pasado miércoles contra las reformas al Código Civil del Distrito Federal, que legalizan los matrimonios entre homosexuales –y que fueron aprobadas el 21 de diciembre por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)–, permite ponderar el calado de la crisis en que se encuentra inmersa la institucionalidad política del país, y deja entrever, de nueva cuenta, la ofensiva de las autoridades federales hacia la sociedad capitalina, sus representantes y sus autoridades.

Este golpeteo del gobierno federal se ha dejado sentir en temas como el agua, los presupuestos, los proyectos de transporte público y, más recientemente, en el descuido y la indolencia oficiales ante las fallas del suministro eléctrico en la ciudad, hoy operado por la Comisión Federal de Electricidad y algunas empresas subcontratistas claramente sobrepasadas por la tarea que se les encomendó.

En cuanto al ámbito legal, no es ésta la primera vez que dependencias del Ejecutivo federal pretenden torpedear reformas realizadas por la ALDF, pues algo semejante ocurrió con la despenalización del aborto en la ciudad de México, aprobada en abril de 2007.

En lo referido a las reformas al Código Civil, es claro que, como lo señaló ayer el jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, a la PGR no le corresponde decidir sobre las leyes vigentes, sean federales o capitalinas. La tarea principal de esa institución consiste en hacerlas cumplir y en procurar justicia, no en impugnar la legalidad ni en erigirse en juez de leyes emanadas de procesos legislativos soberanos, como el que se comenta.

Por lo demás, en el recurso promovido por la PGR ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), asoma el exasperante sesgo confesional por parte del Ejecutivo federal, una vulneración mayúscula a los principios del federalismo y al carácter laico del Estado, así como una posición dogmática, intolerante y excluyente, que resulta inaceptable para el gobierno de una nación moderna, plural y diversa.

En un sentido más amplio, la situación comentada pone de manifiesto la necesidad de avanzar en la plena constitución del Distrito Federal como un estado más de la Federación y poner fin, de una vez por todas, a la injusticia que representa el estatuto constitucional discriminatorio que padecen la ciudad de México y sus habitantes: en años recientes, tal circunstancia ha dado margen de acción para la ofensiva emprendida por las autoridades federales contra la sociedad citadina, en lo que parece una muestra de hostilidad política y un empeño por lograr el control administrativo de la capital del país.

Ante los elementos de juicio mencionados, cabe demandar que el Ejecutivo federal cese en su empeño por asumir funciones que no le corresponden y que, por elementales razones de decoro institucional y de respeto a la población capitalina y sus autoridades, se desista del recurso interpuesto ante la SCJN: dicha medida constituye un agravio para los habitantes del Distrito Federal, por cuanto busca anular el mandato otorgado por los ciudadanos a los diputados de la ALDF, el cual, hay que recordarlo, emana de una expresión de la voluntad popular soberana, que no ha enfrentado los cuestionamientos ni el déficit de legitimidad que la administración calderonista arrastra desde su origen.