El agregar datos biométricos –registro del iris y huellas dactilares– a la credencial para votar requerirá que a la brevedad el Congreso emita una ley de protección de datos personales para tener la seguridad de que no van a ser mal usados o exista la posibilidad de ser vendidos a empresas nacionales o extranjeras, porque esto ya ocurrió una vez, señaló el representante del PRD ante el Instituto Federal Electoral (IFE), Rafael Hernández.

En entrevista, indicó que dado que la Secretaría de Gobernación pretende recabar las 10 huellas digitales de cada persona y también el registro del iris para elaborar la clave única de registro poblacional (CURP) biométrica –datos que serán añadidos a la credencial electoral–, es necesario contar con leyes de protección.

Consideró que recabar esos datos personales rebasa con mucho las necesidad de identificación de las personas que requiere el gobierno para los efectos legales necesarios. Esto puede convertirse en una agresión a la intimidad y se debe discutir en el Poder Legislativo una ley de protección de datos personales.

Indicó que pedir una normativa al respecto no es un exceso, puesto que hace algunos años hubo un incidente que involucró la venta de la base de datos del padrón electoral.

“En abril de 2002 se conoció que la empresa estadunidense ChoicePoint ofrecía en venta la base de datos del padrón electoral de México (que había comprado por 250 mil dólares). Hubo denuncia penal e investigación de la PGR, y se encontró que el Registro Nacional de Población había obtenido mediante un convenio, en ese entonces con el IFE, la base de datos.

Un empleado de esa dependencia sustrajo la base de datos y la vendió a particulares mexicanos, y éstos, a su vez, a esa empresa estadunidense. Casualmente la dependencia que se pretende que reúna todos estos datos biométricos es el Registro Nacional de Población e Identificación (Renapo), el mismo que aquella vez no fue capaz de garantizar la seguridad de los datos del padrón.