La Comisión de Gobernación de la Permanente aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación a dar cabal cumplimiento a la sentencia emitida en diciembre pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que obliga al Estado mexicano a continuar la búsqueda y localizar de forma inmediata a Rosendo Radilla Pacheco, quien fue víctima de la guerra sucia en Guerrero.

El diputado priísta Arturo Zamora Jiménez dijo que el Congreso también está obligado a reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, y en nombre de su partido expresó que, por razones de humanidad, el PRI no comparte que se mantengan abiertos casos de desapariciones forzadas.

En su sentencia, la CIDH también cuestionó el fuero castrense y ordenó al gobierno mexicano adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas para garantizar que las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares en contra de civiles sean juzgadas en tribunales ordinarios.

En el punto aprobado ayer por unanimidad, los legisladores también acordaron que en su sesión de hoy la Permanente solicite a la Secretaría de Gobernación informes sobre el estado que guarda la investigación del caso Radilla.

El senador panista Guillermo Tamborrel expresó que Acción Nacional coincide en que México mantiene “una deuda histórica en ese sentido. Ahí están las desapariciones y ejecuciones, y valga este momento para enviar un saludo fraterno a los familiares de las víctimas”.

Sin embargo, Tamborrel leyó un comunicado de Gobernación emitido en diciembre pasado, donde asegura que acatará las recomendaciones. Coincidimos con lo expresado por Gobernación en diciembre de 2009 para dar cumplimiento a la sentencia de la CIDH, donde confirma la promoción y protección de los derechos humanos en todo el país. Hago mías esas palabras, afirmó.

Zamora Jiménez señaló que la exigencia al gobierno para que localice a Radilla Pacheco es resultado de un trabajo de décadas, y resaltó que fue necesario acudir a tribunales internacionales.

Asimismo, la comisión aprobó un punto de acuerdo propuesto por el PRI para que el Ejecutivo envíe al Congreso la información sobre el avance de la aplicación del nuevo modelo de justicia penal, a partir de la reforma aprobada por el Legislativo.