El grupo plural de trabajo de la Cámara de Diputados que da seguimiento al proceso judicial contra los funcionarios michoacanos detenidos en mayo pasado por su presunta relación con la delincuencia organizada aplaudió el traslado de los inculpados del penal de máxima seguridad de Nayarit a una prisión de Michoacán.

En un comunicado, el grupo legislativo reconoció la voluntad de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Seguridad Pública federal, el Poder Judicial de la Federación y el gobierno de Michoacán de realizar lo conducente para lograr esta reubicación y seguir con el proceso judicial cerca de sus comunidades de origen y, por tanto, cerca de sus familiares.

Los integrantes del grupo plural consideraron que el traslado, efectuado el viernes, “refleja que los detenidos –acusados por la PGR de aprovechar sus cargos para brindar protección a la organización criminal La Familia– no fueron considerados de alta peligrosidad, lo que es fundamental destacar, pues es importante para su defensa y para dar fortaleza al principio de presunción de inocencia, que fue flagrantemente violentado”.

El diputado priísta Rubén Moreira Valdez, quien encabeza el grupo, destacó el éxito para lograr la reubicación de penal se debió al esfuerzo de los familiares de los ex funcionarios michoacanos y al trabajo comprometido de organizaciones civiles, así como al apoyo de las comisiones nacional y estatal de derechos humanos y de legisladores locales y federales.

Es importante reconocer los esfuerzos realizados, sobre todo porque el traslado otorga a los familiares ánimo y felicidad de poder tener a sus familiares detenidos cerca de sus domicilios y comunidades de origen. Esto facilitará la defensa (legal) y fortalecerá el ánimo de los presuntos responsables para continuar con un proceso que deberá ser justo y apegado a derecho, expresó el grupo parlamentario.

Agregó que continuará contribuyendo al fortalecimiento de la justicia en los casos de los ex funcionarios michoacanos, con lo que se cumplirá el mandato de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de dar seguimiento a esas causas judiciales y velar por la aplicación estricta del derecho en todos y cada uno de los procesos.