Diputados locales del PRD acusaron ayer al gobierno federal de estar coludido con la jerarquía católica, por lo cual no le pone un freno a los constantes ataques del cardenal Norberto Rivera a las reformas al Código Civil del Distrito Federal, que permiten el matrimonio entre parejas del mismo sexo y la posibilidad de adoptar hijos.

Entrevistados por separado, Alejandro Sánchez Camacho, vocero de la fracción mayoritaria del Sol Azteca, y su compañero de bancada Víctor Hugo Romo, hicieron un llamado al titular de la Secretaría de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para que cumpla la responsabilidad que tienen asignada por ley y haga respetar el Estado laico.

Sánchez Camacho comentó que es absurdo que el cardenal esté atacando esas reformas civiles y no diga nada de que ya van 18 estados en los cuales se le impide a las mujeres decidir sobre su propio cuerpo, e inclusive pesa sobre ellas el riesgo de ir a la cárcel en caso de interrumpir su embarazo.

Los hechos diarios nos están demostrando que existe esa alianza entre una parte muy conservadora de la población, que se organiza en el PRI y el PAN, con algún sector de la Iglesia, que ha llevado a una intromisión del clero en cuestiones que corresponden a los diputados; los jerarcas católicos ya se frotan las manos por romper el Estado laico que tanto costó establecer a la población de nuestro país, y eso no puede ser, añadió el perredista.

Para Romo Guerra, la Secretaría de Gobernación debe hacer valer el artículo 130 de nuestra Carta Magna y llamar al orden a cualquier secta o grupo religioso que transgreda nuestras leyes, que se fundamentan en un Estado laico, por lo que es reproblable la actitud asumida por el cardenal Rivera Carrera al hacer de una ceremonia religiosa un estrado para emitir juicios y opiniones de orden político, siendo una violación a la ley.

“Le recordamos al religioso que al dar la palabra a un conocido miembro del Yunque, como es el dirigente de la agrupación civil Unión de Voluntades, Guillermo Bustamante, violentó el artículo 130 constitucional, que dice: ‘los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo en favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar de cualquier forma los símbolos patrios’.”

Por esta razón, añadió, llamamos a la Presidencia de la República para que por conducto del secretario de Gobernación aplique la ley y asuma su responsabilidad; de no hacerlo se debe entender que las acciones efectuadas por el cardenal y el Yunque son actos concertados desde el gobierno federal y la Iglesia para atacar al gobierno capitalino y a la Asamblea Legislativa.