Panamá, 19 de diciembre. Veinte años después de que Estados Unidos invadió Panamá e hizo prisionero de guerra al general Manuel Antonio Noriega, muchos panameños creen que la verdadera causa de la ocupación de dos años (1989-1991) fue que el entonces llamado hombre fuerte del país istmeño se había convertido en un estorbo para los planes estadunidenses en América Latina y el Caribe.

Los deudos de unos 4 mil muertos en la resistencia aún tienen la esperanza de que Washington pague por los daños humanos y materiales, y este domingo harán una protesta pública.

La acción militar contra Panamá y Noriega fue una venganza de Washington por haber denunciado la política de guerra que Estados Unidos tenía en Centroamérica y por haberse negado en 1985 a servir de plataforma contra el gobierno revolucionario de Nicaragua, dijeron el ex diplomático Julio Yao y Julio Berríos, ex asesor del gobierno de Guillermo Endara, quien asumió la presidencia en la base militar estadunidense de la zona del canal de Panamá.

El despliegue de 26 mil soldados estadunidenses durante la madrugada del 20 de diciembre de 1989 sirvió al entonces presidente George Bush (padre) de pretexto para sustituir la guerra contra el comunismo por la guerra contra las drogas en América Latina y presentarse como la primera potencia mundial, días después de la caída del Muro de Berlín, dijo el académico Marco Gandásegui.

Pese a haber sido señalado como miembro de la Agencia Central de Inteligencia estadunidense, Noriega se sumó al movimiento castrense que evitó un golpe de Estado contra el presidente nacionalista Omar Torrijos en 1969 y desde que asumió el poder en Panamá en 1981 hizo cada vez más clara su distancia de Washington.

Tras la invasión, Noriega fue detenido y llevado a Estados Unidos para ser enjuiciado por acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero, interpuestas desde 1988.

Endara fue impuesto por Washington con el argumento de que el general había impedido con un fraude electoral el triunfo del empresario en los comicios presidenciales de mayo de 1989.

Noriega, hoy de 75 años, fue sentenciado a 40 años de prisión, pero por buena conducta la condena fue reducida a 17 años, que cumplió el 9 de septiembre de 2007.

Su permanencia en prisión se debe a que la defensa legal trata de hacer valer su condición de prisionero de guerra para evitar la extradición a Francia –donde es reclamado por blanqueo de dinero– y volver a su país a enfrentar otros cargos judiciales. La decisión está actualmente en manos de la Suprema Corte estadunidense.

El gobierno del presidente Barack Obama mantiene silencio sobre el tema y según el analista Brian Thompson del conservador Consejo de Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos, “ni Panamá ni Washington desean alterar este delicado equilibrio, porque el bienestar de la economía global depende de un Panamá estable y el regreso de Noriega podría poner en peligro tanto la gobernabilidad panameña como los mercados internacionales.