a creación del grupo Ciudadanos por la Defensa del Estado Laico, en el que participan legisladores, políticos e intelectuales, tiene como telón de fondo las crecientes contravenciones al principio de separación entre Iglesia y Estado en nuestro país, y refleja el nivel de alarma que existe en los entornos políticos, académicos y de la sociedad organizada sobre la amenaza de implantación de un régimen confesional.

Parecería que la gota que derramó el vaso fue la visita que recientemente realizó el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, al Vaticano para anunciar su boda con una actriz, y que fue duramente criticada por la senadora priísta María de los Ángeles Moreno.

Una de las muestras más recientes y visibles de las agresiones a la laicidad del Estado es la intromisión de la jerarquía católica, mediante presión y cabildeo con legisladores, en los procesos que han derivado en la aprobación de reformas antiaborto en 18 congresos estatales, que obligan a proteger la vida humana desde la concepción y penalizan la interrupción del embarazo. Al respecto, son significativas las declaraciones realizadas el pasado jueves por el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Ramón de la Fuente, quien consideró que las recientes iniciativas que, desde diversas entidades federativas, han dado forma de ley a dogmas religiosos constituyen un serio embate al Estado laico.

Por otra parte, en la discusión que se sigue en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sobre la legalización de matrimonios entre personas del mismo sexo, la jerarquía eclesiástica ha reaccionado con particular virulencia, adoptando incluso una posición de desprecio hacia los ordenamientos legales: no otra cosa es la aseveración, formulada por la Arquidiócesis de México en un editorial de su semanario Desde la Fe, de que una ley injusta no debe ser aplicada y mucho menos obedecida, juicio que vulnera lo estipulado en el artículo 130 de la Constitución: los ministros no podrán (...), en reunión pública, en actos de culto o propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones.

Pero la responsabilidad por el creciente protagonismo político del clero no se puede atribuir únicamente a los ministros de culto, cuando los propios integrantes de los gobiernos panistas han manifestado, de manera cada vez más desembozada, una fe católica que tienen todo el derecho de profesar, pero que no debería obstaculizar su desempeño como autoridades. Baste señalar, como botones de muestra, el donativo efectuado por el gobernador panista de Jalisco, Emilio González Márquez, para la construcción de un santuario dedicado a la memoria de los cristeros, y la participación del titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, en el Encuentro Mundial de las Familias celebrado en esta capital a principios de año, en el que el gobernante se ostentó como feligrés y claudicó así de algunas de sus responsabilidades fundamentales: desempeñarse como jefe de un Estado laico, como gobernante de una nación plural y diversa, y como titular de un cargo que demanda imparcialidad hacia las distintas religiones en el país.

Una actitud muy similar quedó demostrada, como ya se dijo, con la visita de Peña Nieto al Vaticano. Es inevitable suponer la exposición del sesgo confesional del mandatario mexiquense como parte de un cálculo electoral y de una campaña de posicionamiento mediático con miras a las elecciones presidenciales de 2012.

Ante las reiteradas agresiones en contra del carácter laico del Estado, cobra especial importancia la creación de entornos políticos y sociales de defensa de dicho principio. La sociedad mexicana contemporánea no requiere de guías morales, sino de eficacia en el ejercicio gubernamental y en la aplicación de las leyes, y de esfuerzos efectivos para combatir la pobreza, la marginación, el desempleo, la desigualdad, y la falta de educación y de salud de la población.