El Ejército Popular Revolucionario (EPR) pidió a la comisión de mediación que se formó en 2008, para demandar la presentación de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, que retome sus funciones, las cuales con tanto acierto y esfuerzo sobrehumano desempeñó.

En un comunicado, el grupo armado sostiene que continuará insistiendo en su reclamo de que ambos sean presentados con vida, y a los integrantes de dicha comisión les propone que acepten la ayuda de otras personas con autoridad moral.

En mayo de 2008, el escritor Carlos Montemayor; el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García, el antropólogo Gilberto López y Rivas, el periodista y abogado Miguel Ángel Granados Chapa, la senadora Rosario Ibarra de Piedra y los abogados Enrique González Ruiz y Juan de Dios Hernández Monge –estos tres últimos, integrantes del Frente Nacional Contra la Represión– formaron la comisión mediadora, y el 21 de abril de este año dieron por terminada su misión, debido a la falta de interés, la falta de voluntad política y la actitud poco atenta del gobierno federal.

En el comunicado de ayer, el EPR cuestiona qué se puede esperar del nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, pues hay falta de voluntad política para resolver todas las violaciones contra los derechos humanos que han cometido elementos del Ejército.

Como ejemplo de lo anterior el grupo menciona los asesinatos de los luchadores sociales Lenin Ortiz Betancourt, hijo de Mónica Betancourt y Rigoberto Ortiz, dirigentes del Movimiento Democrático Magisterial Poblano; Fermín Mariano Matías, activista de Puebla; Mariano Abarca Roblero, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería; Jordán López Aguilar y Bayardo Hernández de la Cruz, de la Organización Campesina Emiliano Zapata, y Miguel Pérez Cazales, dirigente del Consejo de Pueblos de Morelos, entre otros.

Asevera que ante la política de Estado de continuar con el delito de lesa humanidad de desaparición forzada y los asesinatos de luchadores sociales, deben ser juzgados el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional, y el general Juan Alfredo Oropeza Garnica.

También demanda enjuiciar al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz; al procurador general de justicia de la entidad, y al titular del Ejecutivo de Puebla, Mario Marín, así como investigar la relación del rector de la Benémerita Universidad Autónoma de Puebla con el estudiante y activista Fermín Mariano Matías.

El EPR asegura que no hay confrontación interna entre los diversos grupos revolucionarios que hay en el país.