Cancún, QR, 13 de diciembre. La recuperación de las playas de Cancún y la Riviera Maya derivó en polémica. Ambientalistas y otros grupos sostienen que el proyecto viola una veda de pesca, pone al caracol rosado en peligro de desaparecer, afecta una zona que iba a ser declarada área natural protegida, y los estudios técnicos para la explotación de arena se basan en una norma derogada. Además, sostienen, los trabajos incumplen los requisitos para preservar arrecifes de coral.

Otro aspecto controvertido tiene que ver con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que cobrará 960 millones de pesos y realizará las obras con su propia supervisión, lo que inconformó a organizaciones civiles.

Asimismo, las autoridades reconocen que no existe un plan de mantenimiento para los arenales, por lo que podría repetirse la historia de 2006, cuando se recuperaron las playas de Cancún a un costo de 220 millones de pesos y duraron menos de un año por falta de mantenimiento.

La recuperación de playas –que pagarán los tres niveles de gobierno– incluye 11.5 kilómetros en Cancún y 4.2 en la Riviera Maya. En total, se usarán 6.1 millones de metros cúbicos de arena.

La propuesta original incluía 1.5 kilómetros de playa en Cozumel, pero ese municipio se retiró, ante el rechazo que generó la propuesta de llevar arena del banco norte de la isla a otros puntos.

Se transgrede veda

Del banco norte de Cozumel, donde hay 40 millones de metros cúbicos de arena, se extraerán unos cinco millones. En esta zona anida el caracol rosado y, según estudios del grupo ambientalista local Cielo, Tierra y Mar (Citymar), quitar material afectará el hábitat del molusco.

De acuerdo con Citymar, el proyecto viola la veda al caracol, que podría desaparecer.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) puso en veda el caracol rosado en Cozumel de febrero de 2009 a febrero de 2012. Obtener arena del banco norte viola la restricción, pues se estaría realizando una pesca comercial, al recolectar larvas juveniles y caracoles adultos, explicó Citymar en un juicio de nulidad presentado ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA).

Además, Citymar recordó que el banco norte iba a ser declarado área natural protegida en junio pasado y ahora se planea extraer 12.5 por ciento de su arena.

Hace unas semanas, Citymar logró frenar ante el TFJFA la extracción de arena, con una suspensión definitiva; sin embargo, para que la medida se mantuviera vigente, el grupo ecologista debía aportar una fianza de 15 millones de pesos para cubrir cualquier daño que pudiera causar el retraso del proyecto.

Los activistas no pudieron pagar la fianza. Citymar intentó revocar la caución arguyendo que defendía el interés público, pero no lo logró.

El juicio de nulidad ante el TFJFA sigue su curso, pero aun cuando se determine que Citymar tenía razón, para entonces el daño ya estará hecho.

Los ambientalistas señalan que el traslado de arena implica además un problema técnico: el material del banco norte de Cozumel es más fino que el de Cancún, lo que ocasionará que el relleno sea inestable y que el arenal se pierda rápidamente.

El empresario Guillermo del Rosario, ex secretario de Turismo estatal, miembro de la asociación Todos por Cancún, dijo que el proyecto tiene tres fallas: la CFE sólo propone verter la mitad de la arena necesaria; no existe un plan concreto para el mantenimiento de los arenales, y no existe una instancia ajena a la CFE que supervise los trabajos.

Otra deficiencia es la base legal. El plan original se elaboró con base en el programa de ordenamiento ecológico territorial derogado en octubre 2008, explicó Guadalupe Chulim, de Citymar.

Estas inconsistencias generaron tal inconformidad en Cozumel que a principios de este mes el gobierno municipal abandonó el proyecto y dejó de aportarle 25 millones de pesos.

Para entonces, el alcalde de Benito Juárez (Cancún), Gregorio Sánchez, ya había advertido que su administración no aportaría los 230 millones de pesos que le corresponden si el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) no mejora las condiciones del crédito que le otorgará para ese fin.

El 10 de diciembre, Sánchez anunció que llegaría un acuerdo con Banobras para reducir el monto de las participaciones federales que tendría que ofrecer en garantía de pago del crédito.

El proyecto está en fase de supervisión por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Los responsables aún deben demostrar que la obra cumple dos condiciones de la manifestación de impacto ambiental. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente reconoció que hay irregularidades, pero sostuvo que no afectan gravemente el entorno.

Una de las condiciones a corroborar es la existencia de tres bancos de arena alternos. La otra, probar que el material arcilloso que se levanta al verter arena será controlado, porque de otro modo puede afectar seriamente los arrecifes de la zona, al privarlos de luz.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental presentó el 10 de diciembre una denuncia ante la Profepa y le exigió suspender el proyecto si tiene pruebas de que existe algún riesgo de daño.

Hasta la fecha se han reparado más de tres kilómetros de playas en Cancún y, según el presidente de la Asociación de Hoteles, Rodrigo de la Peña, en febrero estarán listos los 11.5 kilómetros en este destino, para luego seguir en la Riviera Maya.