Hace 30 años, cuando la insurrección popular liderada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) derrocó a la dictadura somocista, después de disolver la Guardia Nacional, el segundo decreto que promulgó la junta de gobierno fue la prohibición de cualquier exhibición de propaganda a favor de funcionarios públicos. Irónicamente, ese mismo decreto aún está vigente hoy y, de aplicarse con rigor, debería sancionar el culto a la personalidad de Ortega. Pero los tiempos han cambiado en Nicaragua.