Los funcionarios separados por Rafael Acosta de la estructura de gobierno de Iztapalapa presentaron ayer una queja ante la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, con el argumento de que un jefe delegacional no tiene facultades para aplicar una sanción tan alta, por una acción que ni siquiera se especificó, informó Clara Brugada.

Durante la asamblea popular de la tarde, explicó que la destitución no es legal, ya que es competencia de ese órgano administrativo. La remoción fue porque realizaron una actividad, el pasado sábado 28 de noviembre, que según estaba prohibida para los servidores públicos, cuando no era día laboral y estaban fuera de su jornada de trabajo, apuntó la perredista.

Rafael Acosta debió dar conocimiento a la Contraloría para que iniciara el proceso correspondiente y, posteriormente, emitiera la sanción, no el jefe delegacional, que en este caso, reiteró, no tiene facultades.

Agregó que es una sanción por una acción, pero no se dice qué acción. No les concedió el derecho de audiencia, derecho a nada. No hubo garantías y no se puede aplicar una sanción, como la remoción, que es la más alta, sin antes haber seguido un procedimiento.

En tanto, las diputadas locales del PRD Aleida Alavez y Karen Quiroga presentaron ayer la solicitud de remoción de Rafael Acosta Ángeles, conocido como Juanito, como jefe delegacional de Iztapalapa, a la cual anexaron un expediente de más de mil cuartillas, integradas en 28 carpetas.

La petición, avalada con la firma de 22 legisladores –dos del PT: Ana Estela Aguirre y Juan Pablo Pérez– fue entregada en propia mano a la presidenta y a la secretaria de la mesa directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Lizbeth Rosas y Lourdes Amaya, respectivamente, quienes la turnaron por la tarde a la Comisión Jurisdiccional, que sesionará el lunes próximo para empezar el análisis de las pruebas.

Nada sobre la salud mental

Alavez y Quiroga detallaron que con la solicitud de remoción entregaron, entre otros elementos: tesis jurisprudenciales, documentos oficiales de la designación como jefe delegacional del ex petista y su posterior licencia, testimoniales de habitantes afectados por la ingobernabilidad en Iztapalapa, tarjetas informativas de instancias del gobierno capitalino, notas periodísticas, la constancia notariada de un recorrido efectuado por la demarcación. No existe ninguna alusión a la salud mental de Juanito.

Con todos esos argumentos, las legisladoras pretenden comprobar que Rafael Acosta “incurrió en violaciones sistemáticas a la Constitución, al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y a otras leyes locales. Resumieron que ello ha derivado en afectación al funcionamiento de la administración pública de Iztapalapa y del Distrito Federal; alteración del orden público y desacato a las relaciones de la delegación con el jefe de Gobierno capitalino.

En conferencia de prensa posterior –en la cual estuvieron Alejandro López Villanueva, del PRD, y Juan Pablo Pérez y Arturo López, del PT– Aleida Alavez remarcó que entre los elementos de prueba entregados sustentan que Rafael Acosta violó el artículo 108 del Estatuto de Gobierno, en sus fracciones primera, tecera y séptima, pues violentó la Ley de Entrega-Recepción, al entrar furtivamente a la sede delegacional un día antes de que venciera su licencia.

Además, dijo, no entregó en tiempo y forma su declaración patrimonial, lo que contraviene la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, además de que con sus actos u omisiones genera una situación de ingobernabilidad que afecta directamente a la población.

Ernestina Godoy, ex directora Jurídica de la delegación Iztapalapa, dijo que ayer presentaron otras siete solicitudes de amparo contra las destituciones arbitrarias realizadas por Rafael Acosta.

Entre los peticionarios están Clara Brugada, ex directora general de Jurídico y Gobierno y ex encargada de despacho de la jefatura delegacional; la misma Ernestina Godoy; Chantal Crespi, coordinadora de asesores; Irvin Espinoza, coordinador de Servicios Legales; Lidia Rodríguez, secretaria particular; Alma Lucía Martínez, directora Territorial de Santa Catarina, y Julio Millán, director general de Obras.