La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados prevé reducir los recursos que el Ejecutivo federal pretende invertir en el programa Oportunidades durante 2010.

La reducción de 38 mil 848 millones de pesos a 30 mil millones se canalizaría a actividades productivas, como los programas Hábitat, Empleo temporal, Vivienda rural, Opciones productivas, Fonart y Apoyo a las zonas de atención prioritaria.

Este criterio del órgano legislativo obedece a los señalamientos que se han hecho contra el gobierno federal, de que utilizaría los recursos destinados a combatir la pobreza en actividades proselitistas durante los 10 procesos electorales que tendrán verificativo el próximo año.

La Comisión de Desarrollo Social ajustará el programa Apoyo alimentario, porque no es viable, máxime cuando vemos que los recursos asignados para este año (mil 834 millones de pesos) han tenido problemas para su aplicación pues, de acuerdo con el tercer informe trimestral 2009 sobre apoyo alimentario a familias, el programa presenta un rezago de 11 por ciento.

Mientras el rezago en el rubro mujeres embarazadas, en etapa de lactancia, niños mayores de seis meses y menores de dos años, y mayores de 2 y menores de 6 años es de 10 por ciento.

El artículo 18 de la Ley General de Desarrollo Social –que considera prioritartios y de interés público los programas, fondos y recursos destinados a ese rubro– refuerza el criterio de que no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales.

Excepto en los casos y términos que establezca la Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación. La propuesta del Ejecutivo, lejos de incrementar esos programas cuando menos en la misma proporción del crecimiento del PIB, disminuye considerablemente los montos de programas como Abasto rural, Abasto de leche, Fonart y Apoyo a zonas de atención prioritaria.

La propuesta oficial tampoco considera prioritarios y de interés público otros rubros, aun cuando éstos estén dirigidos a zonas de atención prioritaria, a programas de abasto social de productos básicos y de vivienda, así como fondos públicos destinados a la generación y la conservación del empleo.