En votación dividida del grupo parlamentario del PAN, que ayer se fracturó, el Senado aprobó que se exente por dos años del pago de impuestos a las empresas de telefonía móvil que darán el servicio del llamado triple play.

¡Lamento mucho que en la bancada del gobierno haya tantos rajones!, dijo en tribuna el perredista Pablo Gómez, en referencia a los legisladores del blanquiazul que ayer variaron el voto que habían emitido la madrugada del sábado pasado, durante la aprobación del paquete fiscal, y avalaron los cambios que en la Cámara de Diputados se hicieron a un artículo transitorio de la Ley Federal de Derechos.

La mitad de los panistas votó en contra de lo que el senador Ricardo García Cervantes denunció ante el pleno como una exención inconstitucional, pero la otra mitad blanquiazul se sumó al PRI, al Verde Ecologista y a Convergencia para aprobar por 66 votos a favor, 38 en contra y tres abstenciones la minuta de la Cámara de Diputados.

Nada son los 5 mil millones de pesos que no van a pagar las empresas de telecomunicaciones frente a la capitulación de los poderes formales ante una voraz oligarquía que ha tomado el poder y dicta sus intereses por encima del Estado y la representación popular, recalcó Gómez.

No sólo los panistas cambiaron el sentido de su voto, lo hizo también la bancada de Dante Delgado (Convergencia), y fue notorio que el PRD estuvo disminuido, porque sólo 14 de los 26 integrantes del grupo parlamentario, con Carlos Navarrete Ruiz a la cabeza, sufragaron en contra de otorgar privilegios fiscales a las empresas que obtendrán nuevas frecuencias del espectro radioeléctrico.

Siete senadores perredistas no estaban en el recinto durante la votación y cinco más faltaron, lo que abrió la puerta para la aprobación del controvertido transitorio, ya que la mayoría de los senadores priístas estuvo presente.

Al igual que la madrugada del pasado sábado, los priístas no participaron en el debate. El coordinador Manlio Fabio Beltrones siguió impasible la intervención del perredista Gómez, y su confrontación con dos panistas, por haberlos calificado de rajones.

El perredista recalcó que la historia del artículo debatido, el 244 E de la Ley Federal de Derechos, merece analizarse, porque (al aprobar el transitorio) se trata de las concesiones más lucrativas que se pueden dar en este momento en cualquier parte del mundo. Es una banda de ocho gigas, la más veloz, la que va a tener la tasa de retorno más rápida y además, donde prácticamente no hay competencia.

Es una banda que permitirá transmitir voz, imagen y datos a través de la telefonía celular, y que no generará impuestos durante los dos primeros años, porque el gobierno federal esperará a que las empresas, que ya tienen en la bolsa la concesión, porque el Ejecutivo ya resolvió dárselas, ganen dinero para pagar al fisco.

“Cualquier poder oligárquico convierte a la bancada más picuda, la del gobierno, en un montón de rajones que no aguantan la requisitoria de un monopolio: estrictamente hablando, de un duopolio”, insistió. Gómez dijo que los 5 mil millones de pesos que las empresas no pagarán de impuestos es poco, porque “‘vale más la pérdida de soberanía del Estado”.

El senador Ángel Díaz Caneja y luego Jorge Ocejo Moreno le exigieron a Gómez Álvarez que retirara el calificativo de rajones, que injuriaba, dijeron, a toda la bancada panista. El perredista se mantuvo en su dicho y se solidarizó de paso con la senadora del blanquiazul, Beatriz Zavala. No dijo por qué, pero fue obvio que se refería a la acusación que la legisladora yucateca hizo a los legisladores priístas de votar de manera maricona el viernes pasado, en que se abstuvieron en el caso del IVA.

Para los senadores del PAN fue un día difícil, ya que exhibieron la división de la bancada –22 a favor de la exención, 20 en contra y dos se abstuvieron–, luego de varios días de presiones del gobierno federal para que se allanaran a la minuta de la Cámara de Diputados.

Ayer, durante una reunión previa a la sesión, el secretario de Comunicaciones, Juan Molinar, y el presidente de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Motta, trataron de convencerlos de que exentar a las empresas permitirá que haya más competencia en el sector.

No tuvieron éxito y varios senadores preguntaron a Molinar por qué el gobierno federal asumía la defensa de una medida que beneficia a algunos consorcios y que no venía en el proyecto de miscelánea fiscal del Ejecutivo, sino que fue presentada en San Lázaro por un diputado afín a Beltrones.

Los rebeldes, como ya se les conoce, reivindicaron su derecho a votar en libertad: Santiago Creel, Rubén Camarillo, Teresa Ortuño, Beatriz Zavala, Felipe González, Jorge Ocejo, de un total de 20, sufragaron en contra. Ricardo García Cervantes expresó ante el pleno: Siento la obligación de que haya una voz en el Senado que rectifique la consideración jurídica que hicieron los diputados, al considerar en un transitorio lo que no es más que una exención de impuestos.

El Senado se allanó en las otras tres minutas y aceptó los cambios de los diputados: el incremento del impuesto al cigarro se pagará diferido en cuatro años, se mantendrá el secreto fiscal y las facultades del Ejecutivo en materia de arancel externo.