San Miguel Ejutla, Oax., 5 de noviembre. Las cúpulas del PRI y del PAN acordaron repartirse por la mitad los 30 mil millones de pesos que se recaudarán el próximo año con el incremento de uno por ciento adicional al IVA, que llegó a 16 por ciento, aseguró Andrés Manuel López Obrador. El reparto de ese botín será para los gobernadores. En Oaxaca y Veracruz servirá para la compra de votos en los comicios venideros por parte de los priístas, advirtió.

Por eso (Enrique) Peña Nieto (estado de México), Fidel Herrera (Veracruz) y Ulises Ruiz (Oaxaca) se convirtieron en los principales promotores para que aumentara el IVA (a partir de enero), porque se van a llevar su tajada. Les van a entregar la mitad (de los 30 mil millones de pesos)... Eso es lo que viene después de la canallada que cometieron (al aprobar ese incremento), señaló.

Con ese acuerdo van a tener dinero para comprar los votos y traficar con la pobreza. En Oaxaca y Veracruz va a haber elecciones y necesitan comprar el voto con despensas y materiales de construcción. Ahora viene el reparto del botín, indicó el ex candidato presidencial.

En el tercer día de su doceava gira por municipios oaxaqueños de usos y costumbres, López  Obrador escuchó una larga lista de quejas y necesidades de pobladores de las alcaldías que visitó, con altos índices de pobreza y marginación: San Miguel Ejutla, La Pe, San Martín de los Cansecos, San Pedro Apóstol, Santa Catalina Quiané y San José del Progreso.

Un importante número de habitantes de este último municipio le expuso la fuerte problemática que enfrentan por el comportamiento del edil priísta Óscar Venancio Martínez Rivera, a quien acusaron de cometer atropellos y agravios contra quienes se oponen a la explotación de oro y plata, que realiza desde 2006 la compañía minera Cuzcatlán SA de CV, propiedad de empresarios canadienses.

Bernardo Vázquez le detalló que han recibido agresiones y encarcelamientos como consecuencia del abuso de autoridad del edil. En un documento al que dio lectura otro habitante se dice: La comunidad de San José del Progreso se encuentra en un estado de secuestro político por parte de los partidos en el poder, tanto (a nivel) estatal como federal, ya que es evidente la complicidad entre los diferentes poderes, al pretender imponer un proyecto minero en esta localidad.

Otros pobladores –que pidieron omitir su nombre– comentaron que quienes se oponen no pueden salir por las noches porque los amenazan. Pusieron de ejemplo el caso de Martín Arango, del Comité de Agua Potable, a quien golpearon por venir a reportar que se había roto una tubería. Dijeron desconocer el avance subterráneo que lleva la compañía minera, ubicada a tan sólo kilómetro y medio de la cabecera municipal, pero sí una fuerte afectación en la distribución de agua para la comunidad e intentos por arrebatarles sus tierras.

En una manta escribieron: Alto al abuso de autoridad. Nuestro pueblo exige un presidente legítimo que sea nombrado por asamblea general. No permitas que sigan golpeando al pueblo. En otra: “Coordinadora de los pueblos unidos del valle de Ocotlán. Defendamos nuestra madre tierra. Los pueblos debemos ser consensados antes de explotar nuestros recursos naturales”.

López Obrador, acompañado por el senador Salomón Jara y el diputado local por Convergencia Benjamín Robles, les ofreció todo su apoyo, por medio de abogados que los asesoren en la tramitación de amparos. Dijo que en la asamblea del Movimiento nacional en defensa del petróleo, la economía popular y la soberanía nacional, del próximo 22 de noviembre, expondrá el caso y los llamó a mantenerse en la lucha pacífica y organizados. Pidió al legislador federal estar pendiente de la situación.