El Comité Organizador de Trabajadores del Campo (FLOC, por sus siglas en inglés) presentó el caso del asesinato del líder Santiago Rafael Cruz ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, DC, el pasado miércoles, y solicitó que el gobierno mexicano cumpla con su obligación de esclarecer el asunto y enjuiciar a todos los responsables.

Cruz fue torturado y golpeado hasta morir dentro de la oficina de la FLOC en Monterrey el 9 de abril de 2007, donde trabajaba para proteger los derechos de los trabajadores agrícolas que son reclutados para trabajar en Estados Unidos bajo el programa de Visas H-2 del Departamento del Trabajo.

Baldemar Velázquez, presidente del FLOC, no ha cesado las presiones para exigir la aclaración del crimen. Hasta la fecha, dice, las autoridades mexicanas tienen un detenido en el caso, aunque están prófugos otros tres sospechosos y la investigación no ha procedido de manera satisfactoria.

Tras el asesinato, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que el crimen fue por motivos políticos relacionados con el trabajo de la FLOC en defensa de los derechos de los trabajadores migrantes, y se han concedido medidas de protección a Baldemar Velázquez y al personal de la FLOC que está en México.

Los derechos humanos y los laborales seguirán siendo vulnerados, a menos que se persista en perseguir a los elementos criminales que quieran utilizar los programas de reclutamiento para sobornar y extorsionar, dijo Velázquez en la audiencia de este jueves.

FLOC y la central obrera AFL-CIO (a la cual está afiliada) declararon en un comunicado: anticipamos que la audiencia de hoy ante la CIDH traerá más atención al caso y hará un llamado al gobierno mexicano para que haga cumplir la ley y lleve ante la justicia a los asesinos de Cruz.