Tuvo que pasar más de un año para que Vanesa Edith Castillo Guzmán pudiera estar de nuevo con su hija. Ayer, en un acto encabezado por el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Miguel Ángel Mancera Espinosa, y luego de realizar los estudios genéticos correspondientes, las autoridades hicieron entrega a la madre de Diana Fernanda, que fue vendida por médicos del Hospital Central de Oriente por 15 mil pesos.

En octubre de 2008, el doctor Alfredo Ortiz Rosas –quien junto con el propietario del nosocomio, Víctor Manuel Mancera González, y tres personas más, se encuentra arraigado por los delitos de tráfico de menores, falsificación de documentos y delincuencia organizada– le aseguró que la menor había muerto al nacer y la habían incinerado, pero Vanesa recordaba claramente que escuchó llorar a su hija cuando nació e incluso vio sus manos y pies ensangrentados, por lo que emprendió una desesperada búsqueda para dar con el paradero de la niña.

Vanesa hizo toda una investigación sobre los médicos y la clínica donde se atendió, luego de que el hijo de Mancera González le informó, por medio de un correo electrónico, que la niña había sido vendida.

Con una lista de personas que posiblemente pudieran tener a la menor, los domicilios de los médicos, las propiedades del dueño del hospital, entre otros datos, llegó al Registro Civil de la ciudad de México, con el propósito de encontrar una acta de nacimiento o de defunción que le diera indicios de dónde podría estar la niña.

Allí fue atendida por la subdirectora jurídica de la citada instancia, Imelda Guevara Olvera, quien luego de verificar que había irregularidades en los registros de nacimiento de la clínica convenció a la madre, de 26 años, de presentar una denuncia penal ante la PGJDF, la cual inició la averiguación previa correspondiente.

Con la información obtenida por Vanesa, se realizó una búsqueda de niñas registradas que hubieran nacido el 25 de octubre de 2008, tarea en la que se detectó el matrimonio conformado por Antonio Merino Hernández y María de la Luz Ruiz Padilla –también arraigados–, que había registrado como suya a una menor con características similares a las de Diana Fernanda, para lo cual acudieron con el doctor Víctor Manuel Mancera, quien a cambio de 12 mil pesos les extendió un certificado falso en el que se asentaba que la menor había nacido en su hospital.

Por el testimonio de esa pareja y de Vanesa la policía investigadora tuvo elementos para detener a los cinco implicados en este caso, que a su vez, por sus declaraciones, llevaron a la localización de la niña desaparecida.

Guevara Olvera explicó que el acta de nacimiento es auténtica, pero se extendió con datos falsos, por lo que se procederá a entablar un juicio de nulidad de dicho documento, y una vez que se tenga la orden judicial se podrá levantar un nuevo registro de la menor.

Por otro lado, ayer la PGJDF realizó una inspección ministerial del Hospital Central de Oriente, en la que participaron peritos forenses, de fotografía, valuación y criminalística, así como personal de la Secretaría de Salud local, con el propósito de realizar un análisis de los expedientes clínicos de personas que se atendieron para labor de parto y realizarse un aborto, así como levantar un inventario del maneje de equipo e instrumental médico.

El inmueble ubicado en calzada Ignacio Zaragoza, en la colonia Valentín Gómez Farías, es de cinco niveles. Cuenta con dos salas de operaciones e incubadora y, aunque se trata de una construcción vieja, aparentemente dispone de todo lo necesario para otorgar el servicio, aunque se investiga si tenía las autorizaciones correspondientes.

Fuentes de la PGJDF señalaron que se descubrió otro edificio cercano al hospital, propiedad de Víctor Manuel Mancera, donde se presume que se practicaban abortos ilegales y se atendía a personas lesionadas por arma sin dar aviso a las autoridades. Contaba con todo el equipamiento necesario para esas tareas.

Asimismo, y con base en la información proporcionada por Vanesa, se investiga otro hospital, con razón social Santa María, donde se selló un certificado sustraído del Hospital Central de Oriente, para acreditar el nacimiento de una menor que estaba en posesión de un matrimonio en el estado de México.